Real Plaza Trujillo: estos fueron los argumentos de los congresistas a favor de ley que hoy limita cierre del centro comercial tras tragedia
Mientras que Quito, Bellido y Luque advirtieron sobre los riesgos de la medida; Cavero, Moyano, Barbarán y otros congresistas consideraron que la ley ayudaría a los pequeños y medianos empresarios.
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La Ley N.º 31914, aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, ha vuelto al ojo público tras la tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza de Trujillo el pasado viernes 21 de febrero, donde el colapso del techo del patio de comidas dejó al menos seis muertos y más de ochenta heridos. Pues la norma mencionada limita la clausura de establecimientos solo a las áreas de riesgo y establece que las municipalidades deben levantar una clausura temporal en un plazo máximo de 48 horas, reduciendo significativamente los controles de seguridad.
Anteriormente, La República reveló que diversos congresistas votaron a favor de esta ley, que además impide la clausura definitiva de un establecimiento sin un procedimiento administrativo sancionador previo, eliminando prácticamente esta posibilidad salvo en casos de revocación de licencias. Este marco legal permitió que el Real Plaza de Trujillo siguiera operando a pesar de posibles deficiencias estructurales.
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Esta ley fue impulsada por el fallecido congresista Hernando Guerra-García, de la bancada de Fuerza Popular. Según los registros del Congreso, sus principales defensores argumentaron que la norma beneficiaría a los pequeños y medianos empresarios, evitando sanciones arbitrarias y cierres prolongados. Sin embargo, lo que no previeron es que esta misma legislación impediría tomar medidas drásticas en casos de riesgo inminente, contribuyendo a una de las tragedias más graves del año.
Ante ello, surgió una interrogante: ¿Qué argumentos utilizaron los parlamentarios en aquella ocasión para votar a favor de tan polémica iniciativa legislativa?
Los argumentos a favor de la iniciativa
Pese a su negativa en redes sociales, Alejandro Cavero (Avanza País) fue uno de los legisladores más entusiasmados con el proyecto de ley. Cavero sostuvo que la propuesta fue socializada con diversos miembros de la sociedad y que su objetivo era apoyar a los pequeños y medianos empresarios.
"La propuesta, colegas congresistas, busca regular los supuestos por los cuales las municipalidades pueden disponer la clausura de establecimientos comerciales. Con ello, se racionaliza la discrecionalidad que hoy tienen los gobiernos locales para imponer clausuras, muchas veces arbitrarias y desproporcionadas. Estas clausuras afectan a miles de emprendedores, cientos de miles —millones, diría yo— de emprendedores y pequeños empresarios en todo el país (...)", señaló.
Rosangella Barbarán, representante del fujimorismo, también consideró que la iniciativa permitía que los negocios no tuvieran que enfrentar grandes barreras burocráticas en la fiscalización de sus actividades. La congresista aseguró que, desde los gobiernos locales, estas herramientas son utilizadas de forma abusiva.
"¿Cómo va a pagar la multa un negocio si lo cierran por dos días, tres días, cuatro días o por el tiempo que se le antoje a la autoridad? Y muchas veces se hace esto hasta con desconocimiento de las máximas autoridades. Por eso, tenemos que buscar que una sanción tan grave como el cierre temporal de un negocio sea conocida por la autoridad máxima del municipio, que vendría a ser el alcalde; o, en su defecto, las gerencias correspondientes (...). Es momento de que instituciones como la Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) y los municipios entiendan que fiscalizar significa tratar de corregir el error", indicó.
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Martha Moyano, también fujimorista, recordó a Guerra-García y aseguró que la legislación de entonces dejaba en una situación de desprotección a los pequeños emprendedores. Al igual que sus colegas, consideró que la normativa permitía una flexibilización adecuada para el pequeño empresariado.
"Hay que mencionar que el Estado, a través de algunos gobiernos locales, ha interferido y vulnerado, en múltiples ocasiones y de manera arbitraria e infundada, el ámbito de los derechos económicos de actores y agentes económicos. Como consecuencia de ello, hemos sido testigos de varios emprendedores expuestos a determinadas situaciones de abuso de autoridad, cuando no pocas e ineficientes autoridades alegan presuntas irregularidades o incumplimientos normativos para clausurar locales, que en una gran cantidad de casos ni se evidencian, menos se prueban o se justifican", comentó
"Tenemos que detener a aquellos que indebidamente utilizan el poder en algunos gobiernos locales y que, de manera incorrecta, han extendido los alcances de sus funciones mediante la coacción directa o los supuestos legales que permiten irregularidades e injustificados cierres de establecimientos y otras medidas en las que no existe proporcionalidad, reduciendo el derecho de defensa de los administrados (...)", agregó.
Otros congresistas que defendieron la medida en el debate fueron César Revilla (FP), Susel Paredes (Cambio Democrático), Alex Paredes (Bloque Magisterial) y Patricia Juárez (Fuerza Popular), entre otros.
También hubo oposición
A pesar de que la propuesta fue respaldada por la mayoría del Parlamento, hubo congresistas que se opusieron. Este fue el caso de Ruth Luque (Cambio Democrático), quien aseguró que la iniciativa no contemplaba un análisis adecuado de las características de los negocios fuera de Lima. Según Luque, la norma limitaría la posibilidad de clausura definitiva para establecimientos que lo merecieran.
"Entiendo que esta propuesta intenta darle mayor estabilidad al tema. Sin embargo, la realidad de Lima no es la misma que la de las regiones. En las regiones, enfrentamos innumerables problemas con bares, cantinas y discotecas que operan sin licencia de funcionamiento ni certificados correspondientes. Muchas veces, esto genera incluso prostitución y trata de menores (...). Me pregunto, en ese caso, por qué debe aplicarse una clausura temporal. ¿Por qué no una clausura definitiva? ¿Acaso un negocio sin licencia de funcionamiento no debería ser clausurado permanentemente? (...)", cuestionó.
Asimismo, la parlamentaria citó el caso de un local nocturno en Juliaca que operaba sin licencia y cuyo cierre, con la ley aprobada, no podría ejecutarse. "En 2008, en Juliaca, murieron muchos jóvenes en una discoteca sin licencia de funcionamiento, sin inspección técnica, sin ninguna condición de salubridad. Incluso estaba casi encajonada. Si este proyecto fuera aprobado, ese local no podría ser clausurado", agregó.
Por su parte, Guido Bellido (Podemos Perú) consideró que la ley no protegía a los emprendedores frente a posibles abusos en la fiscalización, sino que flexibilizaba en exceso la regulación.
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"Colegas congresistas, hay que poner atención y reflexionar. Por imprudencia, acabamos de derogar una ley vergonzosamente y, ahora, otra vez queremos cometer un error. ¿Saben por qué ningún documento ha llegado a las municipalidades? (...). ¿Qué vamos a hacer con este proyecto? ¿Vamos a seguir precarizando y desautorizando a las municipalidades?", sostuvo, para luego solicitar que el proyecto regrese a la comisión correspondiente, petición que no fue aceptada.
Finalmente, Jaime Quito (Bancada Socialista) aseguró que la iniciativa no beneficiaba a los pequeños emprendedores, sino a los grandes grupos empresariales: "No se puede seguir utilizando el nombre de los emprendedores para justificar medidas que, en realidad, favorecen a los grandes conglomerados o negocios ilegales", declaró.
"La norma debilitó la capacidad para clausurar definitivamente un local"
La República se contactó con una de las principales opositoras a la iniciativa legislativa impulsada por el fujimorismo: Ruth Luque. La parlamentaria aseguró que su posición se debía a que la ley generaba perjuicios a los procesos de fiscalización realizados desde instancias municipales hacia diversos establecimientos.
"Mi principal objeción a la propuesta legislativa se centraba en la regulación del otorgamiento de licencias de funcionamiento. En la práctica, esto significaba que los gobiernos locales, encargados de fiscalizar los establecimientos de cualquier índole, no contarían con la fuerza coercitiva suficiente para aplicar medidas más contundentes contra aquellos locales que representaran un riesgo para la integridad y la vida de las personas", señaló.
Para Luque, la iniciativa restringió las funciones de un gobierno local para cerrar una ley en nombre de un presunto apoyo a los emprendedores: "Lo que terminó ocurriendo con la norma es que debilitó la capacidad de los gobiernos locales para clausurar definitivamente un local, ya que los sometió a un procedimiento administrativo. El argumento principal de los impulsores de la ley fue reducir la burocracia, pero detrás de esto hay un problema estructural más profundo: un sector de la clase política considera las licencias municipales como obstáculos para la actividad económica", mencionó.
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