Rubén Vargas, exministro del Interior: "No tenemos ministro del Interior, solo un operador político"
En entrevista con La República, el exministro del Interior sostuvo que la ratificación de Santivañez demuestra que a la presidenta no le interesa la situación de seguridad ciudadana que enfrentan los peruanos.
En medio de un contexto en el que la delincuencia aumenta y las cifras de homicidios rompen récords, la labor del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y de la presidenta de la República, Dina Boluarte, es cada vez más cuestionada por su gestión en materia de seguridad.
En La República entrevistamos a Rubén Vargas, exministro del Interior durante el Gobierno de transición de Francisco Sagasti. Vargas nos comentó sus impresiones acerca de la gestión de Santiváñez y Boluarte en materia de seguridad ciudadana, así como sus observaciones sobre los replanteamientos normativos necesarios para combatir el crimen y su análisis del manejo de la inteligencia policial en los últimos gobiernos.
La primera pregunta está relacionada con el hecho de que cerramos enero con más de 170 homicidios en pocos días y con récords de delincuencia superados en este 2024. ¿A qué se debe que estos indicadores estén tan elevados?
Hay varios factores que contribuyen al desborde criminal. Uno de ellos es que la respuesta del Gobierno ha sido torpe y un absoluto fracaso. El estado de emergencia ha resultado completamente ineficaz. En segundo lugar, influye el paquete de leyes que favorecen el crimen organizado, promovidas y defendidas desde el Congreso y el Ejecutivo. El ejemplo más dramático de esta legislación procrimen es la derogación de la detención preliminar. Otro factor clave es la creciente demanda de commodities provenientes de economías ilegales, como el oro extraído de manera ilícita y la cocaína. Además, la reorganización de las zonas más delictivas de la capital y de la franja costera ha sido consecuencia de la presencia de estructuras criminales transnacionales.
Usted ha mencionado que uno de los factores principales en el incremento de la inseguridad es el fracaso de las acciones del Gobierno. Una figura clave en este contexto, además de la presidenta, es el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. ¿Cuál es su opinión sobre su gestión hasta el momento?
Considero que no tenemos ministro del Interior. Lo que tenemos es un operador político al servicio de los intereses y asuntos que rodean a la presidenta y su entorno familiar. Lo que está haciendo el señor Santiváñez es, básicamente, el trabajo de un operador político, no el de un ministro del Interior.
Justamente, esto podría explicar por qué cuando se anunciaron los cambios en el gabinete ministerial, el Ministerio del Interior no fue modificado, a pesar de las críticas. ¿Cree usted que esta decisión estuvo condicionada por razones políticas?
La ratificación de Santiváñez en el Ministerio del Interior demuestra que a la presidenta no le interesa que diariamente estén asesinando peruanos. Al Gobierno de la presidenta no le preocupa que estén ametrallando, literalmente, buses llenos de pasajeros en las calles de Lima. Tampoco le interesa que millones de peruanos vivan sometidos a las reglas de la extorsión. Si el Gobierno tuviera algún interés en combatir la inseguridad, al menos contaría con una estrategia para enfrentarla, pero no la tiene. Al menos tendría el cuidado de mantener un discurso más serio sobre el desborde criminal, pero ni eso. Por el contrario, para la presidenta, el actual ministro es "el más valiente". Sin duda, hay un serio problema en la comprensión de la realidad que enfrenta el Perú.
Si usted estuviera en un gobierno que no fuera liderado por Dina Boluarte, ¿cuál sería su primera acción como ministro del Interior?
No me pondré en ese escenario. Sin embargo, me atrevería a dar algunas recomendaciones para un futuro gobierno, porque considero que este es un caso perdido. Es absurdo hacer sugerencias a un gobierno que nos ha abandonado.
En un próximo gobierno, lo primero sería refundar las instituciones encargadas de la seguridad: la Policía, el INPE, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Necesitamos reconstruir todo el marco institucional vinculado al tratamiento de la seguridad. En segundo lugar, es necesario derogar y reencauzar el paquete de leyes que favorecen la criminalidad y que han sido aprobadas. La Fiscalía y la Policía deben contar con líneas de acción firmes para enfrentar el desborde criminal. En tercer lugar, se debe modernizar y fortalecer la Policía, priorizando la formación y capacitación de personal especializado en inteligencia.
Finalmente, sería necesario contar con una especie de comando unificado contra el crimen, encargado de diseñar la estrategia y dar seguimiento a su ejecución, especialmente en lo relacionado con las economías ilegales.
Recientemente, el coronel en retiro Harvey Colchado ha realizado declaraciones críticas sobre la gestión del ministro Santiváñez. ¿Cuál es su opinión al respecto?
No tengo observaciones. El coronel en retiro Colchado es un ciudadano que ejerce su derecho a opinar sobre temas que conoce, como la inteligencia y la lucha contra el crimen organizado. Sus comentarios son válidos y reflejan la dramática realidad del país.
Lo traía a colación porque son comentarios bastante direccionados en un sentido político hacia Santiváñez y Dina Boluarte.
Bueno, hasta donde entiendo, sus comentarios tienen que ver con las acciones propias del sector del Interior. Insisto: habiendo sido él responsable de unidades especializadas contra el crimen, ahora que es civil, es lógico que se pronuncie sobre los temas que domina. Además, sus capacidades constitucionales para hacerlo están absolutamente garantizadas.
También ha habido un atentado en la sede del Ministerio Público de Trujillo, lo que ha vuelto a poner en el foco la criminalidad fuera de Lima. ¿Cree que las autoridades municipales y regionales han fallado en abordar este problema?
Sin duda. Los gobiernos subnacionales tienen responsabilidad en la seguridad ciudadana. Los alcaldes deben enfocarse en políticas de prevención, en la recuperación de espacios públicos y en la lucha contra los mercados negros de objetos robados.
La pregunta que me hago es: ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo lugares como Las Malvinas y El Hueco, entre otros, funcionando como centros de reventa de celulares robados? Se roban 8.000 celulares diariamente y todos terminan en mercados negros cuya ubicación es de conocimiento público. ¿Qué tan difícil puede ser controlar Las Malvinas? Este lugar se ha convertido en un mercado manchado de sangre.
La responsabilidad de los alcaldes no es solo adquirir motos y camionetas, sino trabajar con estrategias reales de recuperación del espacio público y de neutralización de los mercados negros.
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Desde que dejó su cargo en el Ministerio del Interior, ¿ha observado un deterioro en la inteligencia policial?
Es bastante dramático cómo se ha ido degradando la inteligencia policial en los últimos gobiernos, y me refiero a los de Castillo y Boluarte. Durante sus períodos, simplemente la destruyeron. (...) Muchas unidades especializadas han sido desmanteladas, y no solo la Diviac, sino muchas otras más. Parte de nuestra crítica situación es consecuencia de la precarización de la Policía en este gobierno, que va a la deriva.
Recordemos que, durante el gobierno de Castillo, los nombramientos en el Comando Policial y en las direcciones de inteligencia se hacían eligiendo a oficiales comprometidos con la protección de los intereses del entorno cercano a Castillo, investigado por diversos crímenes. Durante su gobierno, los ascensos de coroneles a generales se negociaban, y lo que estamos viendo ahora es una precarización y degradación de la función policial de manera dramática, como consecuencia de esa falta de conducción política y liderazgo.
Finalmente, desde su experiencia en derecho y seguridad, ¿qué normativas deben revisarse con urgencia?
Primero, se debe restablecer inmediatamente la detención preliminar. Además, hay que evaluar las modificaciones al tipo penal de crimen organizado. Inicialmente, se excluyó de esta categoría a extorsionadores y secuestradores, y se ha llegado a un punto en el que se sigue reduciendo su alcance. Es algo que debe corregirse.
También es crucial fortalecer herramientas procesales como la colaboración eficaz, absolutamente necesaria en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, es fundamental reforzar la ley de pérdida de dominio, que permite al Estado recuperar bienes obtenidos ilícitamente.
Finalmente, debemos ordenar las funciones de la Policía y la Fiscalía para lograr una investigación penal más efectiva. Actualmente, sus roles se han mezclado demasiado, lo que dificulta su coordinación. En un contexto de crisis como el que vivimos, es fundamental que ambos tengan reglas claras para trabajar de manera conjunta. Es un problema que debemos solucionar.