Política

Dina Boluarte recibió más de 50.000 soles de origen desconocido en sus cuentas bancarias

En declaraciones exclusivas para La República, especialistas coincidieron en que este informe financiero contable es clave para que investigación contra la presidenta avance en la Fiscalía

Dina Boluarte viene siendo investigada por la Fiscalia por enriquecimiento ilícito | Foto: Presidencia del Perú.
Dina Boluarte viene siendo investigada por la Fiscalia por enriquecimiento ilícito | Foto: Presidencia del Perú.

La presidenta Dina Boluarte presenta un desbalance financiero de más de 50.000 soles, según uno de los informes periciales realizados en la investigación preliminar en su contra. El informe pericial, elaborado por Richard Daniel Sánchez Solórzano y Margalinda Salinas Moncada, determinó que la presidenta tiene un incremento en su patrimonio de 58.699,97 soles a través de depósitos bancarios sin una fuente conocida.

Esta información se enmarca en la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito que se sigue contra la jefa de Estado. Boluarte está siendo investigada por el Ministerio Público en el denominado caso Rolex, donde presuntamente habría incrementado su patrimonio abusando de sus cargos en el Poder Ejecutivo.

Además del monto detectado por los peritos Sánchez Solórzano y Salinas Moncada, se suman al patrimonio no justificado las joyas y relojes de lujo regalados por Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho.

La situación ha llevado a que el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, solicite la realización de una audiencia para interrogar y contrainterrogar tanto a Sánchez Solórzano como a Salinas Moncada, con el fin de aclarar el contenido del informe pericial, así como el objeto de la pericia, la metodología utilizada en el análisis pericial y las conclusiones alcanzadas.

Especialistas consideran que esto podría ser prueba suficiente para que la investigación contra Boluarte avance

La investigación preliminar contra Dina Boluarte por enriquecimiento ilícito culminó el 16 de enero. Como parte del proceso manejado por la Fiscalía de la Nación, la investigación podría avanzar a una etapa preparatoria antes de llegar a una acusación formal contra la jefa de Estado. Distintos especialistas consultados por La República consideran que el informe pericial presentado, que probaría parte de los fondos no reconocidos por la mandataria, sería prueba suficiente para avanzar a la siguiente fase del proceso fiscal.

Así lo consideró Andy Carrión, abogado y especialista en derecho penal, quien señaló que este informe pericial es una prueba clave dentro de la investigación contra Boluarte: "En las investigaciones por delitos de corrupción de funcionarios, específicamente por enriquecimiento ilícito, una de las pruebas fundamentales es determinar si existe un desbalance patrimonial; es decir, si la presidenta de la República puede justificar sus egresos con sus ingresos. Si estos difieren, habría un desbalance patrimonial, situación que la Fiscalía, al día de hoy, está identificando. Esta es una de las pruebas más importantes que la Fiscalía presenta, ya que se refiere a análisis técnicos realizados por peritos especializados. (...) Con esto la Fiscalía tendría elementos sólidos para avanzar a la siguiente etapa", sostuvo.

Una línea similar siguió Joel Córdova, exabogado de la Procuraduría General del Estado, quien consideró que, si bien esto es prueba suficiente para avanzar en la investigación, hay que tener en cuenta el antejuicio previo que se deberá hacer para que la presidenta pueda ser sometida a una investigación preparatoria.

"El hallazgo de un desbalance patrimonial en la presidenta, según una pericia realizada en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, corrobora parte de la hipótesis del Ministerio Público. Esta pericia será crucial para una eventual denuncia constitucional, ya que acreditaría preliminarmente un incremento en el patrimonio de la presidenta que no está justificado contablemente. (...) Con esta prueba pericial, es más que suficiente para avanzar a la siguiente etapa, que sería la investigación preparatoria. Sin embargo, previamente se debe presentar una denuncia constitucional ante el Congreso, debido a la prerrogativa de antejuicio que protege a la Presidencia", añadió.

Mario Amoretti, también especialista en derecho penal, secundó lo sostenido por Córdova: "El delito de enriquecimiento ilícito se configura cuando, según una pericia contable, se evidencia que un funcionario público presenta un desbalance patrimonial injustificado. Por ejemplo, si un funcionario percibe un sueldo de S/100, pero gasta o invierte S/500, se presume un enriquecimiento ilícito. En este delito, la carga de la prueba recae en el funcionario, quien debe demostrar que la diferencia en su patrimonio tiene un origen lícito; no es el fiscal quien debe probarlo. (...) Para que un funcionario público sea procesado penalmente por delitos como el enriquecimiento ilícito, es necesario que el Congreso de la República autorice el levantamiento de la prerrogativa de antejuicio político. Este procedimiento implica una evaluación inicial por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, seguida de una votación en el Pleno del Congreso. Solo después de obtener esta autorización, el Ministerio Público puede proceder con la investigación preparatoria correspondiente", declaró.

Delia Espinoza evalúa demandar constitucionalmente a Dina Boluarte

Según fuentes de La República, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, está analizando la información recopilada, incluyendo peritajes contables y financieros, informes de la Contraloría y diversas pruebas obtenidas desde el 17 de marzo de 2024, con el objetivo de determinar si se presenta una nueva denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso, considerando la necesidad de avanzar hacia la etapa de investigación preparatoria para proceder a un juicio público.

Como mencionaron los expertos consultados en esta nota, el paso a una investigación preparatoria contra la presidenta de la República requiere previamente el levantamiento de su inmunidad a través de un antejuicio. Esto significa que dependerá del Congreso de la República que el caso contra la mandataria por enriquecimiento ilícito siga avanzando.