Congreso y Ejecutivo se tiran la pelota por ley que limita detención preliminar: proyecto se encuentra en stand by
El congresista Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que la responsabilidad de la ley de detención preliminar recae en el Ejecutivo, por observarla en el último día del plazo.
El congresista Isaac Mita, representante de Perú Libre y presidente de la Comisión de Justicia, sobre la cual recayó la responsabilidad de abordar las observaciones realizadas a la ley de detención preliminar por parte del Ejecutivo, compartió con la prensa sus impresiones sobre el trabajo encomendado. Para Mita, la responsabilidad no recae propiamente en el Congreso, sino en el Ejecutivo, que observó la ley el último día del plazo establecido.
"No es por alargar. El detalle es que nosotros estamos en receso, y, por lo tanto, la mayoría de congresistas está en sus regiones. Nosotros, por responsabilidad, estamos aquí. (…) En realidad, esta ha sido netamente una decisión del Ejecutivo (observar la ley) cuando faltaba poco para cerrar la legislatura. (…) Esta observación ha sido a destiempo. Han tenido bastante tiempo para analizar la ley y, sin embargo, no lo hicieron. Así que tampoco es tanto un problema del Congreso, sino del Ejecutivo, que no actuó en su momento", indicó.
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Mita informó que este jueves se discutirán las mesas de trabajo que se programarán para tratar las observaciones presentadas. Asimismo, aseguró que lo dictaminado por la comisión debería ser evaluado por el Pleno en una sesión extraordinaria, que tendría que ser convocada por la presidencia del Parlamento.
"El día jueves decidiremos cuántas mesas se necesitarán para abordar el tema. Lo que se dictamine tiene que pasar al Pleno. (...) Finalmente, en el Pleno se promulgará la ley. (...) Si pasa al Pleno, el presidente del Congreso tendrá que convocar a la extraordinaria. Ese es el rol del Pleno", declaró.
Al finalizar sus declaraciones, el representante de Perú Libre insistió en que la responsabilidad recae en el Ejecutivo y pidió "un poco más de paciencia" para la promulgación de la restitución de la figura jurídica. "Aquí la responsabilidad no es tanto del Congreso, de sus bancadas o de sus partidos, es netamente del Ejecutivo. (...) Lo único que nos queda es continuar con el trabajo y pedir un poco más de paciencia. (...) El Ejecutivo tiene las normas necesarias para actuar contra el crimen organizado. El problema de la seguridad ciudadana ya está en manos del Ejecutivo y de las autoridades locales. La responsabilidad es de ellos", concluyó.
El camino hacia la restitución de la detención preliminar
Tras la promulgación de la ley 32181 por parte del Gobierno de Dina Boluarte, luego de su aprobación en el Parlamento, la figura de la detención preliminar fue eliminada del ordenamiento penal peruano. Este escenario llevó a figuras como Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República, a reconocer que las decisiones tomadas no fueron las más adecuadas e incluso realizar un mea culpa: "Tenemos que rectificar", declaró entonces.
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En respuesta, el Pleno del Congreso aprobó el texto alternativo del proyecto de Ley 9733, que busca restituir y modificar el texto del Nuevo Código Procesal Penal relacionado con la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia.
Con el plazo próximo a vencerse para que la presidenta Dina Boluarte promulgue la ley que reinstaura la figura de la detención preliminar en el marco legal vigente, la norma fue devuelta a la Comisión de Justicia, donde se encuentra actualmente. Los legisladores de dicha comisión, liderados por Isaac Mita, tienen la responsabilidad de decidir si aceptan o rechazan las observaciones planteadas por el Gobierno.
"Lo normal sería que este tema no se vea hasta marzo"
La República contactó con el abogado constitucionalista y especialista en derecho y gestión parlamentaria César Delgado Guembes. El especialista explicó los escenarios a realizarse una vez que arribara la ley que busca la restitución de la detención preliminar a la Comisión de Justicia. Explicó que existen tres escenarios iniciales.
“La Comisión debe emitir un dictamen. Las posibilidades en cuanto al contenido del dictamen son tres: que se recomiende el allanamiento, que se proponga la insistencia, y que, como consecuencia de las observaciones presentadas, se apruebe un dictamen con modificaciones al texto original y se transmita con un proyecto sustitutorio, como si fuera una nueva ley”.
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Delgado Guembes explicó que el allanamiento implica la aceptación de las observaciones realizadas por el Gobierno: “El allanamiento implica que la Comisión acoge todas las observaciones del Ejecutivo y no realiza modificaciones adicionales al texto, salvo las relacionadas directamente con dichas observaciones. En este caso, el Pleno debe decidirlo con la misma mayoría con la que se aprobó el proyecto inicialmente. Si el proyecto tiene contenido de ley orgánica, se requiere mayoría absoluta; si no, basta con mayoría simple”.
Del mismo modo, afirmó que en un escenario donde la Comisión insista con el proyecto original, seguiría un destino similar, pero con base en el proyecto aprobado en el Congreso de la República: “En el caso de la insistencia, la Comisión revisa las observaciones del Ejecutivo y puede recomendar que se insista en el proyecto original. Este dictamen pasa al Pleno para su decisión. Para aprobar la insistencia, se requiere mayoría absoluta, es decir, 66 votos”.
Delgado Guembes también explicó que existe la posibilidad de que, ante estos escenarios, para no esperar hasta marzo, se convoque a una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso para atender la ley, en función de lo que ocurra: “Si se reúnen las 78 firmas, el presidente del Congreso debe convocar la sesión extraordinaria con una agenda fija. En caso de que no lo haga, cualquiera de los vicepresidentes puede convocarla, y si tampoco lo hicieran, el oficial mayor está facultado para hacerlo”.
Pese a ello, el especialista aseguró que este escenario es poco probable: “Lo normal sería que este tema no se vea hasta marzo, a menos que logren reunir las 78 firmas necesarias para convocar una legislatura extraordinaria, lo cual es difícil de prever debido a la fragmentación del Congreso. Con 13 grupos parlamentarios y 130 congresistas, las mayorías claras son casi inexistentes”.