Congreso: designan a una nueva directora general de Administración tras escándalo por presunta red de prostitución
La designación de Rosa Elena Izaguirre Silva se da como parte de la reorganización de departamentos y jefaturas en el Poder Legislativo.
El escándalo por la presunta red de prostitución dentro del Congreso sigue generando cambios. Esta vez el Parlamento informó, por medio de un comunicado oficial, la designación de Rosa Elena Izaguirre Silva como directora general de administración de la institución. Esto como parte de la campaña de reorganización de departamentos y jefaturas en el Poder Legislativo.
De acuerdo con el referido anuncio, Izaguirre Silva cuenta con 20 años de experiencia en el servicio parlamentario y, anteriormente, se ha desempeñado como jefa del Departamento de Adquisiciones, jefa del Departamento de Servicios Generales, gerente de Logística y especialista en Presupuesto, entre otros puestos.
Anteriormente, a inicios de enero, Eduardo Salhuana designó a un nuevo funcionario en reemplazo de Jorge Torres Saravia, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.
Se trata de Ángel Delgado, un abogado y analista político que en 2021 cuestionó la legitimidad de los resultados de las elecciones generales.
En una entrevista con Exitosa a pocos días de asumir el cargo reiteró su teoría. "El Jurado Nacional de Elecciones no exhibió los documentos que hubiera permitido hacer una verificación. Ahora, una vez producido eso, estamos en una situación de hecho (…). Yo sí creo que hubo irregularidades. No puede ser que en determinadas circunscripciones las elecciones sean doscientas a cero a favor de una candidatura", sostuvo.
En sus opiniones, Delgado ha tenido coincidencias con diversas líneas políticas, entre ellas la derecha y el fujimorismo.
En segunda vuelta, cuando Keiko Fujimori perdió contra Pedro Castillo y el fujimorismo y sus aliados intentaron poner en tela de juicio el manejo de los organismos electorales en los resultados de dichos comicios, Delgado consideró que "ante este escenario, pensar o sugerir nuevas elecciones no configura un acto sedicioso".
"No estamos frente a un golpe de Estado, porque su realización no entraña la ruptura del orden constitucional. Tampoco la salida política está reñida con la democracia. Se recurrirá al pueblo –fuente del poder legítimo– para pronunciarse, esta vez de manera indubitable, desterrando las manipulaciones y sospechas que pesan sobre la autoridades del sistema electoral (ONPE y el JNE). Se dirá que ello es irregular. Sin embargo, casi dos tercios de la población acusa indicios de fraude", escribió en una columna en el portal El Montonero.