Caso Huanta: Exmarino condenado por el asesinato y desaparición forzada de 70 personas cumplirá pena de prisión en su casa
IMPUNIDAD. Sala, presidida por el juez Máximo Maguiña Castro, decidió aplicar al exjefe político militar de Huanta de 1984, Alberto Rivero Valdeavellano, la ley que elimina la detención preliminar sin flagrancia, y que también permite a sentenciados mayores de 80 años afrontar su condena en su domicilio. Familiares de las víctimas presentaron recurso de nulidad.
El exjefe político militar de Huanta de 1984, el exmarino Alberto Rivero Valdeavellano, condenado a 18 años de prisión en agosto pasado como autor mediato de las violaciones a derechos humanos de 70 personas durante su jefatura, podrá cumplir su pena en su casa gracias a la Ley 32181, que restringe la detención preliminar sin flagrancia.
Entre las víctimas figuran el corresponsal de La República en Huanta, Jaime Ayala Sulca; comuneros de Culluchaca; evangélicos de Callqui; y numerosas personas de la ciudad y distritos aledaños detenidas por las fuerzas del orden entre junio y julio de 1984. Muchos de ellos continúan en condición de desaparición forzada.
Desde el día en que dictaron sentencia, Alberto Rivero Valdeavellano está en condición de prófugo, y su abogado solicitó a la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, que ve casos de violaciones a los derechos humanos, la suspensión provisional de su pena hasta que la Corte Suprema resuelva su apelación, argumentando que tiene 81 años y sufre de cáncer en la próstata.
Alberto Rivero Valdeavellano está prófugo desde hace seis meses, cuando fue condenado a 18 años de prisión
Asimismo, pidió que se le aplique la Ley 32181, promulgada por el Ejecutivo, y que, además de limitar la detención preliminar en casos que no sean de flagrancia, contiene varias modificaciones, entre ellas una al artículo 22 del Código Penal, incorporando que los mayores de 80 años, por razones humanitarias, puedan cumplir su condena en su domicilio o en libertad con ciertas restricciones.
Los jueces que le concedieron ese pedido son Máximo Francisco Maguiña Castro, Reli Jacinto Callata Vega y Nadia Tamayo Tinajeros.
Imponen recurso de nulidad
Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representa a los familiares del periodista Jaime Ayala, lamenta que el nuevo tribunal de derechos humanos de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, emita estas resoluciones sin aplicar el control de convencionalidad ni el control difuso sin la debida motivación. Por ello interpuso un recurso de nulidad.
Jaime Ayala Sulca, corresponsal de La República, está desaparecido desde que ingresó a la base de la Marina en Huanta, el 2 de agosto de 1984.
“No han tenido en cuenta la supremacía constitucional y supranacional de los casos de violaciones a derechos humanos. No han tomado en cuenta que, en el caso de desaparición forzada, para el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado con claridad que no cabe ningún caso de excarcelación a los responsables”, sostuvo.
Quispe sostuvo que es preocupante que el tribunal no haya tomado en cuenta los estándares internacionales, ni la competencia contencioso administrativo que tiene el Estado peruano con la Corte IDH, por lo que, según el artículo 8 del Código Procesal Constitucional, todos los jueces tienen la obligación de cumplir sus sentencias.
Recalcó que no hay evidencias de que el señor Rivero Valdeavellano esté enfermo porque la misma Sala declaró infundado ese pedido, con lo que la Fiscalía estuvo de acuerdo, pues no acredita un estado de gravedad.
Asimismo, advirtió que la Ley 32181 busca impunidad, pues evitará que los familiares que llevan más de 40 años buscando justicia, logren alcanzarla.
“Es una ley con nombre propio que sacó el Congreso, impulsada por Fernando Rospigliosi y Jorge Montoya, para políticos, pero sobre todo para militares que están siendo procesados y condenados por graves violaciones a los derechos humanos”, refirió.