Asesinatos avanzan ante desidia del gobierno
En este contexto, los peruanos que siguen siendo víctimas de la extorsión y el sicariato se ven obligados a tomar justicia por sus manos.
La criminalidad no se detiene y las extorsiones siguen cobrando las vidas de compatriotas. La noticia que titula nuestra portada es escalofriante: un conductor de bus fue asesinado a tiros frente a sus pasajeros en plena avenida Canta Callao, en el distrito de San Martín de Porres.
Este lamentable hecho es tan solo uno más de una larga lista de ataques violentos contra trabajadores del transporte público en nuestra capital. A ellos se les suman los pequeños emprendedores y medianos empresarios que también ven frenadas sus posibilidades de progreso ante el abuso de los delincuentes y la inoperancia del Estado.
Y sobre lo anterior, es un clamor popular que todo esto sigue ocurriendo, pese a que el Gobierno declaró el estado de emergencia en Lima y Callao, según ellos, para combatir la delincuencia.
La realidad es evidente y tiene que ser de una vez por todas escuchada seriamente por la presidenta Dina Boluarte y su reciente nombrado ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta: el Perú se desangra y requiere medidas de inteligencia serias, no estados de emergencia que son, a todas luces, inútiles.
A plena luz del día, los extorsionadores y sicarios siguen actuando con total impunidad, y siembran el terror entre los ciudadanos que temen por sus vidas cada vez que salen a trabajar.
Los cupos que exigen las bandas criminales, en su gran mayoría, no cuentan con una mayor organización más allá de la captación de jóvenes para llevar a cabo asesinatos puntuales bajo pedido. Esto requiere de un esfuerzo más complejo que simplemente sacar a los militares a las calles para una mera acción simbólica.
Es fundamental reconocer que los peruanos, víctimas de la criminalidad rampante, son revictimizados ante la inacción de las autoridades policiales.
Son numerosos los testimonios que coinciden en que cada vez que un ciudadano decide, con mucho miedo, denunciar una extorsión, recibe como respuesta o la indiferencia o el ofrecimiento de servicios privados por parte de malos efectivos policiales.
Señora Boluarte, tome cartas en el asunto con la seriedad que la realidad amerita. Los casos de países de la región deben interpelar a las autoridades responsables. Mientras usted decide no actuar correctamente, los peruanos se ven en la urgencia de tomar justicia por sus propias manos con carteles que anuncian linchamientos a muerte. O actúa o será responsable de la anarquía a la que está derivando su desgobierno.
