El país se desangra y la inacción de la presidenta Dina Boluarte para nombrar a un nuevo ministro del Interior y la cifra de víctimas de asesinatos por extorsión en el país han dejado al menos 6 muertos más.
Tras la censura de Juan José Santiváñez, la mandataria sigue calculando su futuro político y penal, mientras que los dueños de partidos políticos miembros de la alianza gobernante juegan sus propias cartas en un tablero electoral que está a la vuelta de la esquina.
César Acuña y Vladimir Cerrón, figuras prominentes de la debilitada alianza gobernante, no son ajenos a esta dinámica mortal para los peruanos.
Por un lado, el prófugo de la justicia Cerrón intenta explicar el problema del sicariato en el Perú con argumentos políticos falaces, mientras que el dueño de Alianza para el Progreso, tras un prolongado y notable silencio, ahora exige reformas que su propia bancada nunca ha sido capaz de respaldar. Para empezar, la propia censura.
Boluarte, al demorarse en el nombramiento de un nuevo ministro del Interior, no solo reincide en el desgobierno que todos los peruanos en las calles reconocen y repudian, sino que genera una alerta extra sobre las calibraciones personales que tendrá impregnado el siguiente titular de la cartera de seguridad interna.
Sin embargo, no es algo nuevo. Desde su génesis mortal, la administración de Boluarte, comandada por la alianza hoy atomizada, se ha centrado en su defensa ante la Fiscalía y en combatir a quienes exigen respeto por las instituciones democráticas.
En paralelo, una posible vacancia presidencial tiene a los parlamentarios en jaque ante la posibilidad de colocarse en una mesa directiva que asuma el control del Ejecutivo y del Congreso y el enorme temor de un nuevo estallido social.
Tras más de 1.870 asesinados, la inacción de Boluarte sigue siendo homicida, y el tiempo para decidir bien es ahora.