Santivañez: Seguridad y elecciones, por César Azabache Caracciolo

¿Qué impide que las elecciones que vienen sufran el impacto de la expansión del sicariato y la extorsión?

Absolutamente nada ahora.

Las extorsiones y el sicariato siguen la ruta de los mercados que mueven dinero en efectivo. La presenciada del dinero no bancarizado explica la penetración del crimen violento en el mundo del transporte informal, en las economías de barrio y también en el mundo de la música tropical. En este último espacio las orquestas, los locales y el abastecimiento de cerveza y alimentos se mueven predominantemente en efectivo y en cantidades más que importantes. La relación entre la circulación de dinero en efectivo y la expansión de las extorsiones y el sicariato es relativamente fáciles de rastrear. Pero el asesinato de Paul Flores, cantante de una importante agrupación de música tropical, muestra la presencia de un factor adicional: La visibilidad. Las extorsiones y el sicariato ya no buscan las penumbras para expandirse. Ahora se despliegan con la mayor desfachatez imaginable en vías públicas y delante de cámaras de seguridad. Ya no escapan de ser-visibles. Parecería que ahora buscan esa visibilidad.

Visibilidad. Las elecciones que vienen reunirán las dos características en las que estamos reparando. Van a generar una forma de visibilidad temporal que se concretará en afiches y acciones proselitistas. Los cantidades serán visibles, unos más que otros. Y además las elecciones van a abrir un mercado de circulación de dinero en efectivo de dimensiones importantes.

Las dos condiciones reunidas hacen atractivo el ingreso de la violencia a la política. La pregunta entonces, que creo marca el momento y marca el ambiente en que se discutirá la interpelación del señor Santivañez es la siguiente: ¿Qué condiciones ofrece la actual política de interior ya no solo a la ciudadanía, sino incluso a las agrupaciones que controlan el Congreso, las que quieren reproducirse, para  garantizar elecciones seguras? De muchas maneras la tarea de reclutar candidatos para llenar las mallas de postulaciones que deben hacerse para las siguientes elecciones (diputados, senadores, parlamento andino, expertos en planes de gobierno) no va a ser sencilla ¿Cómo lograrán ofrecer seguridad a sus candidatos todas las agrupaciones que postulan, especialmente las que controlan el Congreso? Mientras los amenazados han sido los bodegueros, los transportistas, los duelos de restaurantes y bares y un largo etcétera, lugares comunes como “cambiar un ministro no resuelve el problema” han servido de pretexto para eludir toda discusión sobre la consistencia de las acciones del sector interior frente a la violencia. Pero ahora que las agrupaciones políticas, también las que conforman la mayoría en el Congreso deben alistarse para la competencia ¿percibirán la necesidad que tienen de una política de seguridad consistente?

El general Baella parece haberse referido a esto aunque sus formas hayan sido infelices: También para quienes controlan el Congreso es preciso lanzar un plan de unidad contra el crimen organizado “antes que muera un notable”. Reemplacemos el entrecomillado por una expresión más apropiada, pero captemos la idea: La amenaza de exposición de la política al crimen existe y puede marcar un punto de inflexión que instale en nuestro medio un verdadero chip de emergencia. 

Las elecciones han sido siempre, aunque usualmente no aceptamos discutirlo, espacios de circulación e incluso acumulación de dinero en efectivo. Los escándalos iniciados con los casos Odebrecht pusieron en evidencia una parte de estas historias; la que corresponde a los fondos originados en grandes capitales, que son las que provocaron las prohibiciones originadas en el referéndum de 2018 y en la ley sobre financiamiento de la política de 2019. Ese proceso dejo por debajo de su radar la importancia de los fondos informales e ilegales en las campañas políticas. A estas alturas eso es más que evidente. Cerradas las puertas al financiamiento basado en aportes de grandes capitales, las elecciones del 2020 y del 2021 han sido sostenidas por economías de aportantes directos, militantes y simpatizantes, pero más que probablemente también ha sido sostenida por aportes originados en las economías informales y también en las ilegales que le han dado forma al ser del Congreso actual.

Ingenuo sería creer que lo único que puede dar el avance del crimen a la política son fondos de origen incierto. También puede impregnarla de amenazas y de muerte. Porque la violencia no es un animal que obedezca a un solo amo ni que se domestique.

Ignoro si alguno de los mandamases de las agrupaciones que ahora controlan el Congreso e intentan reproducirse en las elecciones que viene tenga o crea tener una vía “propia” para protegerse del avance del crimen. Pero me parece muy poco probable que, si tienen o creen tener alguna, ella pueda servir como un manto protector sobre todos los nuevos candidatos que deben lanzar al ruedo. El reclutamiento de cuadros es intenso: hay que llenar listas para diputados, senadores y para el parlamento andino. Y además hay que organizar campañas a tres niveles: nacionales, locales y regionales. Muchas opciones visibilizadlas y demasiado dinero en movimiento para no notar el tipo de problemas a los que nos estamos aproximando.

Las elecciones serán en solo un año. No queda ya mucho tiempo. La mayoría en el Congreso posee una visión corta, una que solo mira dentro de sí misma. Pero incluso ahí deben estar notando que la seguridad física de sus propios candidatos no está garantizada por la forma en que se ejerce el gobierno. Probablemente dejen de ignorar lo que la violencia representa en cuanto noten que las elecciones les exponen y exponen a quienes ahora deben reclutar.

Seguridad para las siguientes elecciones. Tal vez sea un punto que nos permita ponernos de acuerdo.