Congreso prepara golpe contra la libertad de expresión
La alianza gobernante pretende intimidar a la prensa y cualquier ciudadano que critique sus abusos de poder.
En un giro hacia la criminalización de la opinión crítica de los peruanos, el Congreso de la Alianza Gobernante ha impulsado una propuesta legislativa que pretende aumentar las penas por calumnia y difamación, evocando las tácticas de manual de gobiernos autoritarios como los de Nicaragua y Venezuela.
La reciente aprobación en primera votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 4431/2022 y 6718/2023 no solo representa un ataque directo a la libertad de expresión, sino que también busca intimidar a periodistas y a cualquier ciudadano que se atreva a fiscalizar el poder.
Ha sido la propia Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a otras organizaciones, quienes han expresado su preocupación por el “serio deterioro” de las libertades de prensa y expresión en el Perú.
Este deterioro no es casual, sino el resultado de una estrategia deliberada destinada a amedrentar a los medios de comunicación y a restringir el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.
Además, la propuesta legislativa introduce cambios arbitrarios, como la reducción del tiempo para atender solicitudes de rectificación a solo un día. Esta medida limita de manera grave el derecho a la defensa y el debido proceso, creando un ambiente donde los medios se ven obligados a ceder ante la presión de las autoridades. La incorporación del delito de violación a la intimidad dentro del ámbito de la difamación es otro intento de silenciar a quienes se atreven a investigar y reportar sobre la corrupción y los abusos de poder.
Esta situación no solo afecta a los periodistas, sino que afecta en todos los ciudadanos, quienes se ven privados del derecho a estar informados y a expresar sus opiniones sin temor a represalias. La iniciativa legislativa, bajo el disfraz de proteger derechos fundamentales, es en realidad un atentado contra la libertad de prensa y un grave riesgo para la democracia en el país.
Esta propuesta, lejos de fortalecer el marco democrático, lo desmantela. La protección de la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales de una sociedad democrática. Cualquier intento de socavar estos derechos debe ser rechazado de manera rotunda en cualquier sociedad que busca libertad y progreso.
La libertad de expresión no es un lujo, sino una necesidad fundamental para el mantenimiento de la democracia y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos.
