Cuando el fajín queda grande, por Emilio Noguerol

La última década, marcada por la inestabilidad política, nos deja varias lecciones que, desde el derecho constitucional, deben ser aprovechadas como objeto de estudio. Una de ellas es la sucesión de ministros de Estado ineficaces o corruptos a los que les quedó grande el fajín.

Pero no es mi estilo escribir desde el lamento, a llorar al campito, el gran reto de las nuevas generaciones es desmarcarnos de un discurso de víctimas, reconocer nuestros recursos y construir agencia, es decir generar ideas y ejecutarlas con rapidez.

Necesitamos formar una élite gubernamental, que no es lo mismo que un gobierno elitista, sino uno compuesto por personas serias y preparadas para la labor. Para ello resulta fundamental identificar perfiles diversos enfocados en contribuir desde sus oficios y talentos con la reconstrucción de un gobierno que ha sido diezmado por el ciclón de la corrupción, las pugnas de poder, la fuga de cerebros, el patrimonialismo y la venganza. Identificar, convencer, reclutar y formar.

A diferencia de la élite parlamentaria, a la que en atención a su labor de representación no debe exigírsele grado académico específico ni determinada experiencia laboral, la élite gubernamental sí requiere ciertos méritos dependiendo de la función que se asigna y la responsabilidad que se asume. Hoy existen profesionales con altas capacidades, nacidos en diversas regiones del país y con las credenciales expeditas para ponerse a trabajar por la nación, pero el estado de las cosas arremete sus expectativas y empaña sus sueños. ¿Vale la pena zambullirse en ese pantano?

Primero hay que entender que esto que vivimos no es normal, así no deben funcionar las repúblicas: al caballazo. Por el contrario, debemos reflexionar sobre el “deber ser” de las mismas y cómo nos acercamos a eso desde la designación de los encargados de asumir su conducción administrativa, esto es, los ministros.

Como señala el politólogo Rodríguez Teruel (2011), son muy escasos los estudios dedicados a estos funcionarios, pero los que existen se han desarrollado principalmente en Francia y Gran Bretaña, sobre estabilidad del cargo y canales de reclutamiento.

De forma similar al cursus honorum romano que constaba del conjunto de cargos que debían ejercerse en determinado orden y según criterios preestablecidos, en la actualidad existen rutas predominantes de acceso al gobierno. La fuente principal de perfiles ministeriales, en estos tiempos, es el parlamento (Wilson, 1959; Rose, 1971; Dogan, 1986), o debería serlo.

Pero si a la problemática de un gobierno deficiente le añades la distorsión en la representación parlamentaria, el resultado es caótico. ¿O acaso, los “padres y madres” de la Patria nos han demostrado estos últimos años que tienen altas capacidades? Yo particularmente a la amplia mayoría la desapruebo. ¿Cómo queda entonces la supuesta ruta hegemónica de acceso al gobierno?

Pues bien, hay personas de gran valor que aún resisten en sus cargos en diferentes ministerios, entidades, organismos autónomos, despachos judiciales, oficinas fiscales, comisarías, bibliotecas, municipios y hasta colegios, haciendo una labor constante y dedicada por el país. Muchos de ellos jovencitos con una nueva forma de ver el Perú y soñarlo, pero aún impotentes frente a una clase política dirigente que no les saca el provecho que merecen. En esos funcionarios y servidores aún anónimos se sostiene nuestro Estado y, en contraparte, desde el sector privado y la sociedad civil organizada, varios millares más con la misma energía contenida salen día a día a ganar más experiencia y contribuir desde donde se encuentren con alegría y esperanza.

Para proyectarnos hacia la construcción de una buena élite gubernamental, reitero que corresponde echarle ojo a esos perfiles que hoy pasan inadvertidos y tener claro el norte.

Si bien es cierto que de la noche a la mañana no saldremos del problema horrendo en el que nos hemos metido ni nos libraremos del virus del mal gobierno, tener metas claras nos ayudará a preparar el cambio, así demore, así nos cueste, hay que idearlo.

Por lo pronto, existen criterios que han sido identificados para la elección de ministros y que sería bueno recordarle a la señora presidenta (que últimamente anda muy al tanto de los medios), para que no solo se preocupe en cumplir con el estándar mínimo del artículo 124° de la Constitución (ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad). Por ejemplo, Antoni y Antoni (1976) identifican un criterio personal: vinculado a la confianza previa que debe existir entre el ministro y el jefe de gobierno; un criterio político, relacionado a la pertenencia del candidato al partido de gobierno o la comunión con las ideas del mismo; un criterio técnico, sobre las competencias que pueda ofrecer respecto al cargo a ocupar; y un criterio geográfico, consistente en el origen del ciudadano y su vinculación con el lugar que será receptor de sus políticas.

En ese orden de ideas, se observa que muchos de los actuales ministros, en especial los más polémicos, no cumplen con un criterio técnico que justifique haberle asignado tamaña responsabilidad y el resultado de sus gestiones ponen en evidencia sus carencias y limitaciones. Si el equilibrio de poderes estuviese mejor calibrado, el Congreso de la República ya habría censurado a varios que no demuestran estar a la altura del encargo. La Presidencia debe hacer un acto de constricción y, por respeto a la ciudadanía, evaluar periódicamente la capacidad de sus ministros para enfrentar los desafíos de sus respectivas carteras. No se pueden resolver los problemas públicos de cada sector con personajes cuestionados o incompetentes haciendo creer que lideran sus ministerios. No hay que olvidar que los vientos cambian y, tarde o temprano, estos señores tendrán que rendir cuentas ante el Congreso por la responsabilidad política de sus actos y los del presidente que ellos refrendan, ocupar un cargo para el que no están preparados les pasará la factura.

Por otro lado, cabe preguntarse si corresponde revisar el citado artículo 124° de la Constitución para extender los requisitos de selección de ministros.  No sería primera vez. Por ejemplo, en la Constitución de 1823 se les exigía “la aptitud de dirigir vigorosa, prudente y liberadamente una República” (art. 86 en concordancia con el art. 75.2); en la Constitución de 1828, ser profesor público de alguna ciencia (art. 96 en concordancia con los artículos 85 y 29.3); lo propio en el artículo 68 y 30.3 de la Carta de 1834 y en el el artículo 46 de la Carta de 1856.

Si bien establecer requisitos adicionales para la designación de ministros podría reducir la designación de perfiles inadecuados, también existe el riesgo de generar una falsa sensación de idoneidad basada únicamente en credenciales formales que, al fin y al cabo, con un sistema educativo precario de tesis y doctorados bamba se cumplen sin mayor problema. Aunque no descartaría esa alternativa de reforma, que es compleja y amerita un análisis más detallado, considero que actualmente el desafío radica en la capacidad del presidente para ejercer un criterio riguroso en la selección de su gabinete y en el control político efectivo del Congreso. La profesionalización gubernamental no se logrará solo con normas, sino con una cultura de exigencia y responsabilidad en la gestión pública, debemos exigirlo así desde la ciudadanía.