Migrar es un derecho, por Emilio Noguerol

Un texto que recoge aquellas premisas de las cuales debemos partir para entender nuestro tránsito en un mundo integrado y libre

“Balada de un hombre sin rumbo”, de Sergio Murillo, es una de las canciones más bellas que alguna vez haya escuchado. Mi abuelo se la cantaba a mamá y ella me la cantó a mí cada vez que me hacía dormir. Por este acto de absoluta ternura y por la belleza de sus estrofas, ha quedado doblemente grabada en mi memoria.

En las últimas semanas, las violentas imágenes de capturas y deportaciones de decenas de miles de migrantes, celebradas por almas empachadas de privilegios, aunque desnutridas en empatía, han traído a mi mente los acordes de esta canción. En ella se habla del deseo de encontrar un lugar lejano y diferente, pacífico, donde, tras caminar desanimado, las lágrimas finalmente cesen y se encuentren el amor y la paz.

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¿No es acaso ese el fundamento de la migración? Quien se va es aquel que ya no encuentra satisfacción a sus necesidades en su lugar de origen y lo hace en ejercicio de una de las dimensiones de su inherente derecho a la libertad: el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio del Estado de su preferencia. Este derecho, sabiamente, fue incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 13).

A lo largo de la historia, las personas se han desplazado debido a catástrofes naturales, hambrunas, guerras o persecuciones religiosas, étnicas y políticas. Con la aparición del Estado liberal, las motivaciones varían (se vuelven económicas) y la mayoría de desplazamientos dejan de ser obligados. Posteriormente, se pueden identificar tres grandes ciclos migratorios: el primero, entre la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX; el segundo, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo de 1973; y el tercero, con la consolidación del proceso de globalización (Aja Fernández, 2012). Un breve repaso de nuestro pasado nos permite concluir que la migración ha moldeado y seguirá moldeando a la humanidad.

¿Cómo entendemos este fenómeno hoy sin caer en los lugares comunes que la xeno-aporofobia genera, como los supuestos riesgos para la seguridad ciudadana (basados en mentiras y no en evidencia) o los temores de que se dañe la cohesión social de los países receptores, esgrimidos por los reaccionarios para ocultar su racismo? Quizás con números y con su impacto en el mercado.

Como nos recuerda la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la evidencia indica que la migración es un factor clave en el crecimiento económico de las naciones. Por ejemplo, según un estudio realizado en Chile por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023), pese a que los inmigrantes latinoamericanos solo representaban el 3.5 % de la fuerza laboral empleada, contribuyeron con el 11.5 % del crecimiento económico entre 2009 y 2017. Esto significa que su aporte fue bastante mayor de lo que su proporción dentro de la población económicamente activa sugeriría.

Los migrantes, generalmente en edad productiva, aportan habilidades, conocimientos y energía al mercado laboral. Su impacto se destaca en sectores donde la mano de obra local es insuficiente o está en declive. Además, en América Latina y el Caribe, la población de 60 años o más se duplicará para 2050 (pasando del 13.4 % al 25.1 %), por lo que la llegada de jóvenes migrantes puede ayudar a contrarrestar los efectos del envejecimiento poblacional, contribuyendo con los sistemas de seguridad social y otros servicios esenciales (CEPAL, 2022).

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Asimismo, las remesas constituyen una fuente crucial de ingresos para muchas familias y, en algunos casos, representan una parte significativa del producto bruto interno de las naciones, llegando incluso a superar la inversión extranjera directa en ciertos países. Según el World Migration Report 2024, de la OIM, entre 2000 y 2022 las remesas internacionales crecieron más del 650 %.

Así pues, dado que la migración es un fenómeno consustancial al comportamiento de la sociedad, corresponde que los Estados la atiendan desde dos importantes aristas: por un lado, perfeccionando sus regulaciones para procesar las tensiones y desafíos que genera, con un sentido de bienvenida e integración (porque es lo humano y lo justo); y, por el otro, abordando la mayor calamidad de los tiempos modernos: la creciente desigualdad, que es la causa de tantos otros flagelos.

¿Por qué?, se preguntará algún lector al que el bienestar ajeno no le parezca prioridad, mucho menos el del extranjero. Pues, si la respuesta no la encuentra en su corazón, quizás le ayude el primer artículo de nuestra Constitución: “El fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”.

Hago hincapié en que el término es persona humana, sin distinciones. No dice: “la del peruano/a”, no dice “la del ciudadano/a”. En consecuencia, la sociedad y su organización legítima deben defender a todo aquel que se encuentre en su territorio.

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Los aumentos demográficos siempre significan presiones que el Estado debe aprender a gestionar desde una administración pública desprovista de sesgos y prejuicios, orientada a maximizar beneficios y construir sinergias.

Plantando cara a los tiempos oscuros que nos toca vivir, resulta imprescindible que nuestros representantes desarrollen políticas orientadas a fomentar el retorno de nuestros connacionales en el extranjero. Esta es su tierra y deberían encontrar en ella las oportunidades que en algún momento los llevaron a dejar sus hogares en busca de un futuro mejor.

Por ejemplo, en México, como concluye Canales (2022), los migrantes que retornan presentan tasas de participación laboral más altas que los no migrantes. Perú no es ajeno a estos efectos positivos en la economía. Vásquez y Aguilar (2022), procesando información del INEI, destacan que, sobre el nivel máximo de educación alcanzado por los retornados de 15 años o más, el 58.2 % obtuvo algún tipo de educación superior. Además, de la población de retornados de 14 años o más, el 73.9 % era económicamente activa y, dentro de ese universo, el 94.5 % estaba empleada, mientras que solo el 5.5 % se encontraba desempleada.

Finalmente, esta crisis humanitaria, alimentada por los discursos de odio que el tecno-feudalismo amplifica, los nacionalismos exacerbados y la maquinaria mediática del engaño, debe servirnos como un llamado de atención. No solo para enfrentarla con la verdad y la justicia, sino para encontrar en ella una oportunidad histórica para fortalecer económicamente el sur global y nuestra nación.