La temporada de lluvia y la vulnerabilidad de Lima, por José De Echave

Estamos en temporada de lluvia, con las consecuentes crecidas de ríos, huaicos, etc. Según el Instituto de Defensa Civil, en lo que va de la temporada, se tiene un saldo de 47 fallecidos, 48.627 afectados, 8.598 damnificados, 635 viviendas destruidas y 3.654 inhabitables. Y todavía faltan varias semanas para que la temporada termine.

Súbitamente, acorde con la estación, en estos tiempos nos sensibilizamos sobre los riesgos que enfrentamos en los territorios en los que vivimos. Sin embargo, como si fuese una suerte de acuerdo nacional, el tema deja de estar de moda cuando la lluvia comienza a disminuir y los ríos dejan de amenazar puentes, otras infraestructuras y poblaciones enteras.

La data es contundente y está disponible: el Mapa de Vulnerabilidad Física del Ministerio del Ambiente (Minam) muestra que el 46% del país se encuentra en una situación de vulnerabilidad alta a muy alta y que el 36,2% de la población total —alrededor de 11 millones de personas— ocupan esos espacios de riesgo. Por tanto, la gestión social de riesgos y las políticas de prevención deberían ser una prioridad.

El propio Minam subraya que estas herramientas deberían permitir prevenir posibles zonas de mayor impacto y, al mismo tiempo, se debería corregir “la localización de los asentamientos humanos, de la infraestructura económica y social, las actividades productivas, y de los servicios básicos en zonas de riesgo, constituyéndose en un instrumento fundamental para la determinación del riesgo de una determinada comunidad”.  

Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), en todo el territorio nacional existen 8.888 puntos críticos que pueden ser afectados por huaicos, derrumbes e inundaciones: 1.485 por huaicos y derrumbes y 7.403 por inundación. En ambas categorías, Lima aparece como una de las zonas más vulnerables. 

Lima, zona de riesgo

Los que vivimos en el departamento de Lima deberíamos ser conscientes de que estamos ubicados en una de las zonas de mayor riesgo del país: la zona central del país presenta potenciales riesgos de deslizamientos, derrumbes, desprendimientos de rocas, huaicos, inundaciones, sismos superficiales, impactos por el fenómeno de El Niño, precipitaciones intensas y hasta sequías. Esta información se confirma en la base de datos del propio Cenepred: el departamento de Lima aparece con el mayor número de puntos críticos por huaicos y derrumbes (ver tabla) y en el segundo lugar en cuanto a riesgos de inundación.

La vulnerabilidad ante eventos meteorológicos se acrecienta, debido a las prácticas que legitiman y promueven el uso desordenado del suelo a lo largo de toda la cuenca del Rímac; la apropiación del suelo agrícola y eriazo por el mercado inmobiliario; la ubicación de actividades productivas en zonas de riesgo; la desprotección de la infraestructura y la ausencia de una política de planeamiento y ordenamiento del territorio. De más está decir que la actual Carretera Central, que sigue siendo una infraestructura fundamental, por la que a diario se transporta un porcentaje importante del PBI nacional, no solo se encuentra colapsada, sino que está expuesta todos los años a huaicos y derrumbes: durante la temporada de lluvias, como ocurre en estos primeros meses del año, las precipitaciones intensas activan quebradas y, por supuesto, generan un aumento del caudal del río, lo que lleva a crecidas y desbordes. Estos eventos ocasionan inundaciones y daños a las poblaciones e infraestructuras de diferente tipo que se ubican cercanas al río.

Otro fenómeno importante en la cuenca alta del río Rímac es que está considerada como zona sísmica activa. Los movimientos tectónicos pueden generar deslizamientos de tierra, lo que representa un alto riesgo para las poblaciones y las infraestructuras que se han instalado en la zona. Asimismo, la cuenca alta del Rímac alberga numerosas montañas y escarpes rocosos que son propensos a la erosión y a los desprendimientos.

Se han identificado en la zona central del país un total de 777 peligros geológicos asociados al agua:

El mayor número de registros corresponde al flujo de detritos en la cuenca Rímac (324 registros), seguido por Lurín (117), Chillón (86) y en menor cantidad Chilca con 9 registros. En segundo lugar, se encuentra la ocurrencia de erosión fluvial (147 registros en total), 89 registros en la cuenca del río Rímac. El mayor número de inundaciones se ha registrado en la cuenca del Chillón (30), seguido por la cuenca del río Rímac (22) y Lurín (16) (Autoridad Nacional del Agua 2020).

Por otro lado, en cuanto a los peligros asociados al agua, se pueden mencionar los siguientes:

(…) inundación, huaico, flujo de detritos y erosión fluvial representan los principales riesgos para la población y ecosistemas en el ámbito de estudio. Estos fenómenos están directamente relacionados con las características geológicas, geomorfológicas y climáticas propias de cada cuenca; con una mayor probabilidad de ocurrencia durante eventos naturales extremos como el fenómeno El Niño (Autoridad Nacional del Agua 2020).

A todo lo mencionado, debemos considerar que la zona central es un territorio donde se ubican a lo largo de la cuenca del Rímac depósitos de combustibles, químicos, presas de relaves, generación de drenaje ácido de roca y la migración de la solución contaminada, etc. Esto representa un riesgo mayor para una zona que es estratégica para el abastecimiento de agua y la generación de energía para Lima y Callao.

En la actualidad, distintos organismos, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para el Desarrollo Económico, entre otras instituciones, vienen insistiendo en la necesidad de que países como el Perú inviertan en prevención. Algunos de los componentes de esta inversión tienen que ver con desarrollar una mayor capacidad de alerta meteorológica y una infraestructura que permita hacer frente a eventos que serán cada vez más extremos. La premisa es que la prevención permite proteger a las poblaciones, sobre todo a las más vulnerables, la infraestructura estratégica del país y sus sistemas productivos. Esto es, definitivamente, menos costoso que reconstruir cada cierto tiempo los daños que generan los eventos climáticos extremos.

Según un informe del Banco Mundial para el caso peruano, inundaciones, deslizamientos de tierras, contaminación de fuentes de agua, ausencia de saneamiento seguro para la población y sequías representan un costo de entre US$8.400 millones y US$13.400 millones por año. Esto obliga a que el país se prepare en serio e identifique los diferentes riesgos y vulnerabilidades que se presentan en su territorio, fortalezca instrumentos y una institucionalidad que, si bien existe, todavía muestra signos de precariedad y de poca influencia dentro del aparato del Estado y, sobre todo, en la cadena de toma de decisiones.