Un plato vacío, consecuencias para siempre, por Mónica Muñoz-Nájar

Cada noche, miles de niños en el Perú se sientan a la mesa con un plato de comida que llena el estómago, pero no los nutre completamente. Su dieta se basa en arroz, fideos y pan, con pocas proteínas y casi ninguna verdura. La variedad es escasa, los nutrientes esenciales brillan por su ausencia y las opciones saludables son un lujo que muchas familias no pueden permitirse. Aunque no pasen hambre en el sentido más extremo, la falta de una alimentación adecuada en los primeros años de vida tiene consecuencias irreversibles en su desarrollo físico y cognitivo.

Durante los primeros años de vida, el cerebro humano se desarrolla a una velocidad que no volverá a repetirse. Según la Universidad de Harvard, el 85% del desarrollo cerebral ocurre antes de los cinco años, y lo que pase en ese periodo influirá en la capacidad de aprendizaje, la salud y las oportunidades futuras de cada niño. Sin embargo, en Perú, uno de cada dos ciudadanos enfrenta inseguridad alimentaria, y los niños son los más afectados. No se trata solo de la cantidad de comida, sino de su calidad: una dieta pobre en nutrientes esenciales limita el desarrollo físico y cognitivo, con consecuencias a lo largo de toda la vida.

El desarrollo infantil temprano (DIT) es la base sobre la que se construye el futuro de una persona. Un niño que recibe una alimentación adecuada, estimulación temprana y acceso a salud tiene más probabilidades de completar su educación y acceder a mejores oportunidades laborales. Pero cuando estas condiciones no se garantizan, las dificultades pueden acumularse con el tiempo. Estudios de The Lancet han demostrado que la malnutrición en los primeros años de vida puede reducir hasta en un 10% la capacidad cognitiva de un niño y disminuir sus ingresos futuros en un 20%.

El impacto no se limita solo a quienes enfrentan estas condiciones, sino que afecta a toda la sociedad. A largo plazo, el Estado debe destinar más recursos a salud y educación remedial para atender problemas que pudieron haberse prevenido desde la infancia. Además, cuando una parte significativa de la población no desarrolla plenamente sus capacidades en los primeros años de vida, la productividad de la fuerza laboral se ve afectada, limitando el crecimiento económico y las oportunidades de bienestar para toda la sociedad.

En Perú, la desnutrición crónica infantil y la anemia siguen siendo problemas estructurales. En departamentos como Puno, Ayacucho, Cajamarca y Amazonas, más del 60% de los niños están en riesgo. Estas cifras reflejan la persistencia de vulnerabilidades en ciertas poblaciones y limitan las oportunidades de desarrollo a lo largo del tiempo.

El Estado no se articula

El Perú ha avanzado en la institucionalización de la atención del desarrollo infantil temprano. La existencia de un Programa Presupuestal orientado a Resultados (PPoR) específico para la infancia es un paso importante, pues asegura que haya recursos destinados a mejorar la nutrición, la salud y la estimulación de los niños en sus primeros años de vida. En los últimos años, también se han ampliado programas de asistencia alimentaria como las ollas comunes.

Sin embargo, el problema no es solo la asignación de recursos, sino su ejecución. El Consejo Fiscal ha señalado que persisten deficiencias en la planificación y gestión del gasto público. A pesar de la inversión en programas contra la desnutrición y la anemia, las tasas siguen siendo altas. Un ejemplo claro es que, aunque hay presupuesto para salud materno-infantil, muchos centros siguen sin insumos básicos ni personal suficiente.

Mientras tanto, Congreso y Ejecutivo incrementan el gasto sin una estrategia clara. Aunque algunas partidas reflejan un intento por fortalecer programas sociales, la falta de coordinación y prioridades desalineadas afectan la calidad del gasto y limitan su impacto. El desafío no es solo invertir más, sino invertir mejor y asegurar que los recursos lleguen donde realmente se necesitan.

Soluciones en el sector privado

En medio de esta desconexión del Estado, el sector privado ha demostrado que puede ser un aliado clave para enfrentar la inseguridad alimentaria y mejorar el desarrollo infantil temprano. Existen casos concretos donde la inversión privada ha logrado reducir la desnutrición infantil en zonas vulnerables con mayor rapidez y eficiencia que muchos programas estatales.

Uno de estos casos es el Proyecto Volar, iniciativa del Grupo Breca a través de su plataforma de impacto social Aporta, que ha demostrado que con un enfoque integral de fortalecimiento de capacidades para distintos actores en la comunidad —combinando nutrición, salud y educación para cuidadores—es posible mejorar significativamente el desarrollo infantil en comunidades vulnerables. Este tipo de iniciativas generan impacto tangible y pueden ser replicadas a mayor escala con el apoyo adecuado.

Otro ejemplo es el proyecto ejecutado por el Grupo Estrategia en Cajamarca, que utilizó el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para reducir la desnutrición crónica infantil del 30.5% al 23% en solo seis años. A diferencia de muchas iniciativas estatales que tardan años en implementarse debido a trabas burocráticas, este proyecto logró resultados concretos en un tiempo relativamente corto.

La clave del éxito de estos proyectos radica en la capacidad del sector privado para gestionar recursos de manera más ágil y efectiva. Mientras que el Estado se enfrenta a problemas de planificación, coordinación y burocracia, las empresas pueden ejecutar programas con objetivos claros, medición de impacto y una visión de sostenibilidad a largo plazo.

Pero para que estas soluciones sean escalables, es necesario que el Estado facilite la colaboración público-privada. El mecanismo de Obras por Impuestos podría ser un vehículo clave para la lucha contra la desnutrición, en los últimos años había perdido dinamismo debido a obstáculos burocráticos, pero el nuevo ministro de Economía y Finanzas ha prometido un impulso a los mecanismos públicos- privados. Si el gobierno realmente quiere abordar la inseguridad alimentaria de manera estructural, debe considerar crear incentivos para que más empresas participen en proyectos de alto impacto social.

La infancia no puede seguir esperando

La inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil siguen sin recibir la atención que merecen. Cada niño que crece sin los nutrientes y estímulos adecuados es una oportunidad perdida, no solo para él, sino para el país.

El Estado tiene recursos, pero si no los usa bien, es momento de abrirse a soluciones innovadoras. El sector privado ya ha demostrado su capacidad para generar impacto, y es hora de escalar esa colaboración.

Invertir en la infancia es una obligación moral y la mejor inversión posible. Como señala el Nobel de Economía James Heckman, cada dólar invertido en la primera infancia puede generar hasta 17 dólares en retorno social. Actuar hoy es asegurar un mejor futuro para todos.