Se trata de un ministro del Interior que ha pasado por diversas fases, ha hecho múltiples promesas y ha sido blindado por el mismo poder político sobre el que se asienta la permanencia en el poder de Dina Boluarte.

Los socios políticos de la presidenta se han hecho de la vista gorda una y otra vez frente al desastre de gestión de Juan José Santiváñez. Le han perdonado todo. Los muertos por razones violentas que se multiplican cada día, los transportistas que salen a las calles a jugar la ruleta rusa que les impone el sicariato, así como las fallas visibles de gestión, de conducción y de horizonte que se aprecian a simple vista.

Santiváñez ha desmentido a los medios y a los adversarios con mentiras sobre estadísticas existentes y que son inobjetables técnicamente. Ha entrado en conflicto con el propio ministro de Salud para señalar que no son reales.

No obstante, la realidad se impone. Hay 106 muertes violentas en una estadística que mide del 1 al 19 de enero. Un símbolo de los tiempos en los que la escalada criminal no cesa y nos coloca vulnerables ante la ola delincuencial.

Es tan grande el desmanejo de la cosa pública que en Trujillo ha estallado otro artefacto explosivo el mismo día en que el titular del Interior realizaba una visita a la ciudad que está atenazada por la criminalidad. Al igual que&nbsp; otras provincias de La Libertad, también heridas de muerte por la presencia de sicariato, extorsión, minería ilegal y otros crímenes.

No hay que olvidar que Santiváñez es el responsable del desmantelamiento de la Diviac y de la separación de oficiales de alta especialización, a los que previamente hostilizó y procuró humillar con puestos subalternos. Se trata además de alguien que cumple con venganzas ajenas, que es capaz de llegar a la vileza para defender su cargo y que en el camino a la salida, que se cumplirá de manera inevitable, va haciendo grave daño a la institucionalidad. Se convertirá en algún punto de la historia en otro de los funcionarios olvidables de este régimen.

EDITORIAL

Ministro Juan José Santiváñez debe irse

Se va convirtiendo en un clamor de ciudadanía, instituciones y de algunos grupos parlamentarios.

Ministro Juan José Santiváñez debe irse | Editorial

La República

¿Qué ocurre cuando un congresista o un grupo de ellos impulsan una ley que los favorece personalmente o tienen interés en alguna norma que les va a generar un beneficio de cualquier tipo? Estarían cometiendo un delito que se llama negociación incompatible. Podría generar otros más como cohecho, etc. Pero, para comenzar, se trata de una intervención prohibida y sancionada.

Cuando un grupo de exmilitares que ahora son congresistas impulsan una norma que establece que los militares que tengan pensión y otro empleo pueden recibir la doble remuneración, están favoreciéndose y aprovechando su posición de dominio, para obtener un beneficio.

La Fiscalía ha encontrado que estos once congresistas y exmilitares habrían actuado fuera de la ley. Por lo pronto, señalan que se trataría de negociación incompatible. Aún queda hacer más investigaciones, pero ya ha interpuesto una denuncia penal, que tendrá que ser revisada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual tendrá que determinar el estatus de los congresistas, por el privilegio que representa la figura del ante juicio.

La respuesta del Congreso parece que será un nuevo enfrentamiento con la Fiscalía de la Nación. Ha anunciado que presentará una denuncia contra Delia Espinoza, porque se está pretendiendo limitar la labor congresal y ponerle trabas a un derecho que los asiste.

Debemos seguir el curso de los acontecimientos en este caso en particular, por lo claro que parece demostrarse el delito y que salta a la vista la necesidad de allanarse a las investigaciones. El blindaje, sin embargo, ha sido una constante en este Congreso y se ve venir una respuesta corporativa a la fiscal de la Nación, amenazándola además si sigue empeñada en acusarlos.

El desenlace será pronto, porque la fiscal sigue dirigiendo sus baterías contra los congresistas que no tienen claro qué es el bien común, y la reacción biliosa de Patricia Juárez anuncia nuevas confrontaciones. Esperemos.

La ley de los exmilitares en el Congreso

No fue una sola oportunidad en la que el periodista fue amenazado por sus denuncias sobre el poder político y económico de su región. En su último programa, señaló la existencia de irregularidades en la compra de camiones compactadores y cuestionó al asesor del alcalde de la ciudad de Ica.

Gastón Medina fue acribillado en la puerta de su domicilio por desconocidos. Se ha informado de ocho balazos contra su cuerpo, lo cual lo dejó en estado crítico. Falleció, lamentablemente, al llegar al nosocomio por la gravedad de sus heridas.

Él se disponía a salir a laborar en Cadena Sur, Canal 15, medio de comunicación en el que difundía su programa, cuestionador de la gestión local y regional, y recientemente del Poder Judicial. Señalan que había anunciado un programa dedicado a los extorsionadores de colectiveros.

Medina, en el 2022, fue amenazado con un cartucho de dinamita lanzado a su domicilio, y también un arreglo floral en el local del canal donde trabajaba, con un letrero que decía “Gastón Medina, te vas a morir”. Además de carteles distribuidos en la ciudad en los que se leía “Se busca” con foto del periodista y pintura roja lanzada sobre la entrada del canal.

Este fue el preámbulo de su muerte, ayer, que llena de consternación a sus familiares, colegas y seguidores, y muestra la entraña misma de la criminalidad que está tratando de marcar su territorio ilegal, en este caso particular, silenciando al mensajero.

Es un hecho que debe esclarecerse hasta el fondo y sancionarse ejemplarmente. Estamos tocando fondo como país si la muerte es el castigo para quienes se atreven a fiscalizar al poder y difundir sus investigaciones. La libertad de expresión es una prioridad que debe ser garantizada por las autoridades de los diferentes estamentos del Estado. Lamentamos profundamente lo ocurrido con el periodista y nos solidarizamos con las organizaciones de prensa que están exigiendo celeridad en las investigaciones y el más duro castigo a los culpables.

Gastón Medina, periodista asesinado por informar

En una reunión realizada en Aparecida, Brasil, se conoció una decisión del Vaticano respecto al Sodalicio, que podría poner fin al ciclo de existencia de la organización religiosa. Lo extraño posiblemente sea que la filtración se produjo en un cónclave privado en el que se congregaron representantes del Sodalicio, y que habría sido expresada por un representante del Vaticano. Esa información fue hecha pública por un medio vinculado al movimiento religioso.

Se ha señalado que la intención detrás de este adelanto de una decisión papal podría ser tratar de influir en la elección que tendrá lugar en la Conferencia Episcopal Peruana hoy.

Es una interpretación que tendrá que evaluarse cuando se haga realidad la decisión papal de liquidar al Sodalicio como organización religiosa. Se trataría de una medida que tiene un asidero en varias decisiones previas adoptadas por el Vaticano. La separación, por ejemplo, de 15 integrantes del movimiento por razones que van desde el manejo cuestionable de los fondos de la institución hasta actitudes personales que han afectado la vida y la dignidad de jóvenes que estaban a su cargo.

Se trató primero del fundador Luis Fernando Figari, acusado de maltratos y agresión sexual contra menores de edad afiliados al movimiento. Luego han sido sacerdotes, laicos y hasta un periodista que integraba sus filas. Todos ellos han sido separados por orden vaticana y se han detallado en cada caso las razones que explican las expulsiones.

Si acaba el Sodalicio, se tratará de una reivindicación de las víctimas que han hecho públicas sus denuncias sobre la violencia y las agresiones sufridas. También se tratará de justicia para los tres periodistas que han sido perseguidos legalmente por los abogados allegados al movimiento religioso. Es un asedio constante sufrido por Paola Ugaz, Pedro Salinas y Daniel Yovera, por haber expuesto a la organización religiosa ante la opinión pública. Será la caída de un movimiento que hizo abuso de su posición preponderante como aliado del poder político y económico y de su afición por el lucro. La Iglesia católica habrá logrado tomar distancia de una organización religiosa que bien poco en común tiene con ella y que, por el contrario, es ajena a los valores católicos que promueve.

El fin del Sodalicio

Resulta impensable en cualquier otro contexto, que una autoridad se niegue a acatar mandatos provenientes de la ley a través de sus operadores en la justicia, la fiscalía o la policía. Son entidades que existen básicamente para mantener el orden, la paz social y la legalidad y evitar el caos de los pueblos sin ley y de los hombres sin control. Esta es una noción de convivencia con el prójimo que nos acompaña a lo largo de la vida y que nos aleja de conductas propias de los desadaptados. En base a estas reglas nos relacionamos entre nosotros.

También hay quienes no aceptan este orden y lo desacatan. Para ellos hay medidas coercitivas sobre las que el Estado tiene el monopolio y que buscan modificar las malas conductas en base a sanciones de diversos calibre.

Por ello parece tan peligroso que sean las propias autoridades quienes desacaten órdenes, y lo hagan a plena conciencia y sin que no haya quien ponga orden o llame a la observación del mandato de la ley.

Ya tuvimos quienes se escaparon de la justicia. Vladimir Cerrón y Juan Silva , el ex ministro de Pedro Castillo, desaparecieron sin dejar rastro. Hasta hoy es un misterio quien advirtió de los operativos policiales para dar con su refugio.

Otros, como los Waykis en la sombra, que integra el hermano de la Presidenta, también se escaparon de una orden de detención preventiva dictada por el juez. Esa poca disposición a acatar una orden judicial fue aplaudida por algunos ministros de este régimen, entre ellos el propio titular de Justicia. Incongruencia absoluta con quien anda promoviendo la pena de muerte para sancionar precisamente a los desadaptados que no respeten la vida ajena, en especial la de menores de edad.

La última ya tiene que ver con el ministro del Interior, ese que precisamente tiene que supervisar la acción policial. Primero dijo que iba a entregar el celular pero lo hizo sin chip y ayer se negó a darle la clave al fiscal que así lo requería.

¿Qué pasaría si un ciudadano de a pie decide que no responderá a un alto policial o que no se prestará a una prueba de alcoholímetro? Parece impensable por las sanciones posteriores. Pero habrá quien alegue que solo está siguiendo el ejemplo.

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