Los 33 denunciados por el caso Cócteles deberán ser vueltos a investigar y acusar en un nuevo proceso, debido a que se anuló el juicio oral en una decisión dividida y una votación de 2 a 1 entre los jueces del proceso.
El fallo del Tribunal Constitucional que comprendía a José Chlimper y ordenaba su apartamiento del proceso porque la acusación fiscal excedía los cargos atribuidos al exministro fujimorista, por lo que optaron por sacarlo del juicio por lavado de activos y retornar el expediente a control de acusación, se extendió al resto de los procesados en el juicio oral.
El voto en contra fue de la jueza Nayko Coronado, quien señaló que “retraer el juicio a una etapa anterior vulnera el principio de legalidad”. Los otros dos jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado, Mercedes Caballero y Max Vengoa, opinaron diferente y por eso el proceso contra Keiko Fujimori y otros representantes del partido político Fuerza Popular se ha declarado nulo.
Quedará por verse cómo prospera la apelación planteada por el fiscal José Domingo Pérez, aunque resulta, sin lugar a dudas, un duro revés para la lucha anticorrupción y un severo enjuiciamiento a la labor de la Fiscalía y del juez de control de acusaciones Víctor Zúñiga, quienes tuvieron a su cargo la argumentación para el juicio oral, que se ha declarado nulo.
Cuando las investigaciones periodísticas han logrado sustentar todo el conjunto de operaciones impropias que se llevaron a cabo para solicitar dinero para la campaña, no declarar estos aportes ante la ONPE y luego tratar de “legalizar” el dinero con falsos donantes, mientras otra parte del dinero desaparecía del radar; resulta frustrante que un detalle más bien técnico y que pudo muy bien haberse corregido dentro de los plazos ahora provoque esta nueva postergación de la aplicación de justicia. Es cierto que el debido proceso debe primar por encima de cualquier intentona de politización. La justicia necesita independencia y también objetividad. Solo queda hacer votos por que la verdad se imponga.