El asesinato de Joaquín Sperani en Argentina: criminal quedó libre y Estado deberá pagar una fortuna a familia de víctima
Un fallo judicial responsabilizó al Estado por la negligencia de las autoridades educativas en el crimen en Laboulaye. La familia del menor asesinado recibirá una millonaria indemnización mientras que el agresor, declarado inimputable, quedó en libertad con tratamiento psicológico.
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El asesinato de Joaquín Sperani, un adolescente de 14 años en Laboulaye, Córdoba, conmocionó a la sociedad argentina. La víctima fue brutalmente golpeada con un caño de metal por un compañero de colegio en un ataque premeditado ocurrido el 29 de junio de 2023. Sin embargo, el agresor fue declarado “no punible” por la Justicia y no recibió pena de prisión, lo que desató la indignación de la familia y la comunidad.
Tras la controvertida resolución judicial, Mariela Flores, madre del menor, inició una demanda civil contra el Estado provincial, argumentando que la negligencia de las autoridades educativas fue un factor clave en el crimen. Recientemente, la Justicia falló a favor de la familia y ordenó al Gobierno de Córdoba el pago de una indemnización millonaria.
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Un crimen premeditado y una investigación con fallas
El crimen en Laboulaye ocurrió cuando Joaquín Sperani salió de su casa en bicicleta para dirigirse a la escuela IPEM N° 278 Malvinas Argentinas. Ese día, el horario de ingreso de los alumnos se había modificado, lo que facilitó que su agresor, un compañero de toda la vida, lo convenciera de desviarse del camino y dirigirse a una vivienda abandonada.
La reconstrucción del hecho reveló que el atacante había planificado el asesinato: esa misma mañana escondió un caño metálico en el lugar del crimen. Al llegar a la vivienda en ruinas, golpeó salvajemente a Joaquín hasta causarle un traumatismo de cráneo severo, lo que le provocó la muerte inmediata. El cuerpo del adolescente fue hallado cuatro días después por un vecino, no por las autoridades, lo que generó críticas sobre el accionar policial.
Fallo judicial: el Estado es responsable del asesinato de menor en colegio
El Tribunal de Laboulaye emitió sentencia el 6 de febrero de 2025, estableciendo que el Estado de Córdoba es responsable civilmente por la muerte de Joaquín Sperani debido a la falta de vigilancia en la institución educativa. La Justicia argumentó que la escuela no controló adecuadamente la asistencia de los alumnos, lo que permitió que el agresor saliera sin autorización y que la ausencia de Joaquín pasara desapercibida.
Entre los puntos clave del fallo se destacan:
- El crimen ocurrió durante el horario escolar, cuando ambos estudiantes debían estar en clase.
- No hubo control en la entrada y salida de los alumnos, permitiendo que el agresor dejara su mochila y saliera del colegio sin supervisión.
- Se registró negligencia en la búsqueda de Joaquín, ya que su desaparición no fue tomada en serio por las autoridades.
- La directora del colegio minimizó los hechos, sin colaborar en la investigación inicial.
Como resultado, el juez Ignacio Andrés Sabaini Zapata ordenó que el Estado indemnice a la familia con 595.170.467,18 pesos, más intereses y costas del juicio.
Un asesino libre y el dolor de la familia de Joaquín Sperani
El fallo también eximió de responsabilidad a los padres del menor homicida, argumentando que en el momento del crimen el agresor estaba bajo custodia del colegio. Sin embargo, la decisión que más indignación generó fue la del tratamiento del asesino, quien, por ser menor de edad, fue declarado inimputable y quedó en libertad con la única obligación de realizar un tratamiento psicológico prolongado.
Mariela Flores, madre de la víctima, expresó su indignación: “Mató y salió como si nada. La Justicia tomó decisiones que no son correctas. Nunca existieron los derechos para Joaquín”. Además, cuestionó que el sistema judicial pretenda reintegrar al agresor a la sociedad sin consecuencias reales: “No estamos hablando de un chico común. Fue premeditado, preparó la escena del crimen”.
Mientras el gobierno de Córdoba apeló el fallo que lo obliga a pagar la millonaria suma, la familia de Joaquín sigue reclamando justicia y una reforma en la legislación para evitar que crímenes como este queden impunes.
