Estados Unidos

¿Es un crimen ser indocumentado en Estados Unidos? La afirmación de la Casa Blanca que desató la polémica

La afirmación de la portavoz del presidente Donald Trump es falsa, ya que el hecho de ser una persona indocumentada no implica automáticamente tener un "récord criminal".

Donald Trump declaró esta semana que considera "criminales" a todos los migrantes indocumentados. Foto: Gerson Cardoso/LR/AFP.
Donald Trump declaró esta semana que considera "criminales" a todos los migrantes indocumentados. Foto: Gerson Cardoso/LR/AFP.

El gobierno del recién asumido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó esta semana que considera a todos los migrantes indocumentados como "criminales", lo que representa un cambio en el discurso político del país y facilita la implementación de su plan de deportaciones masivas que afectaría a más de 11 millones de personas que residen sin estatus legal.

Durante una conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que las más de 3.500 personas detenidas esta semana en operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) poseen un "récord criminal" debido a su estatus migratorio irregular. Leavitt añadió que considerar a quienes infringen las leyes migratorias como criminales representa un "gran cambio cultural" en el país, pero insistió en que eso es precisamente lo que son.

Indocumentación: ¿infracción civil o delito penal?

Según la legislación de Estados Unidos, residir en el país sin autorización o sin un estatus legal no constituye una falta penal, sino una infracción de carácter civil. Por esta razón, la afirmación de la portavoz de la Casa Blanca sobre que los inmigrantes indocumentados tienen un “récord criminal” es incorrecta. No obstante, el cruce de la frontera sin inspección, conocido legalmente como "ingreso indebido", sí está tipificado como un delito menor en la ley penal. Asimismo, intentar ingresar nuevamente al país tras haber sido deportado o expulsado se considera un delito grave.

En la última década, el gobierno estadounidense ha intensificado la judicialización de casos relacionados con la violación de estas normativas migratorias. Este endurecimiento ha tenido efectos negativos sobre los migrantes y solicitantes de asilo, entre ellos, la separación de familias, según un informe del American Immigration Council. Al asumir la presidencia, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas, una de las cuales instruyó al Departamento de Justicia a dar prioridad a los procesos judiciales contra personas acusadas de "entrada indebida" y "presencia sin autorización continuada".

Falta de transparencia en las detenciones de ICE

Durante su campaña electoral, Donald Trump prometió ejecutar la mayor deportación de migrantes en la historia de Estados Unidos, asegurando que su prioridad serían aquellos que hubieran cometido delitos en el país. Actualmente, en su primera semana en el cargo, su administración comenzó a divulgar el número diario de detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en todo el país, además de destacar el perfil de algunas de estas personas.

A través de redes sociales y comunicados oficiales, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han revelado la identidad de 25 detenidos, de los cuales solo dos provienen de países fuera de Latinoamérica. Sin embargo, más allá de estas cifras y casos puntuales, el gobierno ha mantenido opacidad en cuanto a los detalles de las personas arrestadas, su nacionalidad o si poseían antecedentes criminales.

De acuerdo con datos filtrados a la cadena NBC News, solo el 52% de las 1.179 personas detenidas el domingo, el día con más arrestos desde la llegada de Trump al poder, tenían antecedentes criminales. El resto de los detenidos eran individuos con infracciones "no violentas" o sin historial delictivo, salvo la falta administrativa de haber cruzado la frontera de manera irregular. Al respecto, una investigación de la Universidad de Stanford basada en datos desde la década de 1960, han concluido que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos o ser condenados en comparación con las personas nacidas en Estados Unidos.