La actividad parlamentaria y del Poder Ejecutivo sigue de espaldas a la ciudadanía. Ayer, los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial y Somos Perú se opusieron —directa e indirectamente— a la necesaria interpelación que se solicitó hacia los ministros de las carteras de Transportes y de Educación.
Son las bancadas de la denominada alianza gobernante las que, ante los ojos de la ciudadanía, conservan, sin ningún tipo de vergüenza, el espíritu de cuerpo con la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
Gracias a esas votaciones sintomáticas de un proceso de mantenimiento del pacto que permite la gobernabilidad sin fiscalización, los ministros Raúl Pérez-Reyes y Morgan Quero no rendirán cuentas a la ciudadanía, a través de quienes se supone son los representantes de los peruanos en el hemiciclo.
Sin embargo, la protección de los aliados no queda en estos dos hechos.
Desde el Ejecutivo, la presidenta Boluarte también complace a los parlamentarios mediante aprobaciones de normativas ajenas a un Estado de derecho. Sin ningún tipo de observación técnica, la presidenta realizó una ceremonia para celebrar la firma de la inconstitucional y antidemocrática ley APCI.
Esta normativa propone, de forma antijurídica, limitar el trabajo de las asociaciones sin fines de lucro que trabajen exclusivamente asuntos de derechos humanos y asistan legalmente a víctimas a quienes el Estado no puede atender por razones estructurales o porque —en algunos casos, lamentables— es el principal agresor.
En este evento televisado concurría la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, hermana del jefe de Alianza para el Progreso, César Acuña, quien tan solo tres días atrás decidió interpretar arbitrariamente la Constitución para evitar cualquier tipo de pesquisa contra la mandataria por el caso Rolex.
El cumplimiento de las negociaciones políticas entre los aliados de Gobierno resulta evidente. Y ante esta desfachatez en el actuar de las autoridades políticas actuales, vale la pena recordar que depende de los peruanos que los artífices de este descalabro tirano no perduren. De esa manera, se podrá evitar en los siguientes comicios que se consolide —aún más— un régimen que los académicos ya reconocen como autoritario.