Un Quijote sin mancha en un mundo al revés, por Diego Pomareda
Al parecer, no haber cometido delitos, haber superado una crisis sanitaria y haber evitado el caos son razones suficientes para inhabilitarlo hasta los 90 años. Es un mundo al revés: se premia al delincuente y se castiga al buen gobernante como también se acusa a un ministro sin manchas mientras se protege a quien está embarrado hasta el cuello.
En la película mexicana Un Quijote sin mancha (1969), Justo Leal y Aventado es un idealista que, con su integridad y humor mordaz, logra dejar huella en un mundo corrompido. Su camino es empinado, pero su carácter y sentido del deber prevalecen frente a la adversidad, lo que lo convierte en un símbolo de resistencia y esperanza.
Ese mismo espíritu parece reflejarse en el Quijote peruano, un hombre que, con sensatez, trayectoria, ciencia y honradez, demostró que gobernar el Perú en favor del bien común no es una utopía. Negarlo sería de necios: la compra de millones de vacunas en plena pandemia, su imparcialidad en el proceso electoral y su talante democrático —aun presidiendo simultáneamente el Ejecutivo y el Legislativo— son logros que hablan por sí solos. Sin embargo, para el Congreso del mal común, esto es imperdonable.
Hoy, ese mismo Parlamento, aferrado a la Constitución como arma de poder, busca inhabilitar por motivos políticos a quien ven como una amenaza electoral. Es el derecho convertido en herramienta de venganza. No hace mucho, esos mismos congresistas justificaban un indulto ilegal y la pensión presidencial de un expresidente apelando a su edad, su “buena gestión” o al argumento de que el fin justificaba los medios. Decían que un contexto de terror requería medidas extraordinarias, excusando así crímenes tan graves como asesinatos, corrupción y secuestros.
Pero ahora, frente a un adversario político, esos pretextos se desvanecen. Ser octogenario ya no vale, haber asegurado millones de vacunas en una catástrofe sanitaria se vuelve irrelevante, y la estabilidad del país —que tanto dicen defender— pierde toda importancia. Al parecer, no haber cometido delitos, haber superado una crisis sanitaria y haber evitado el caos son razones suficientes para inhabilitarlo hasta los 90 años. Es un mundo al revés: se premia al delincuente y se castiga al buen gobernante como también se acusa a un ministro sin manchas mientras se protege a quien está embarrado hasta el cuello.
Este despropósito debe terminar. Por ahora, la justicia ordinaria —perseguida también ella— es nuestro último bastión. Se acercan elecciones decisivas, y estará en nuestras manos elegir si seguimos avalando el abuso desmedido, o confiamos el rumbo del país a personas justas, leales y aventadas, como diría la película. Ahora, más que nunca, hacen falta Quijotes a la altura de los gigantes con aspas afiladas que acechan al Perú.
