El verdadero objetivo de los ataques a las ONG, por Coalición Ciudadana
Es paradójico que quienes celebran la reducción de estos fondos sean los mismos que callan ante las economías ilegales que financian el poder político. Su objetivo no es la fiscalización, sino socavar a la ciudadanía para actuar sin escrutinio.
La decisión de Donald Trump de suspender por 90 días los fondos para programas de ayuda exterior ha sido aprovechada en el Perú por sectores que buscan debilitar a la sociedad civil organizada, en un contexto de degradación institucional.
Con argumentos falaces, acusan a las ONG de ser medios de manipulación ideológica y promotoras de inestabilidad. Sin embargo, detrás de estos ataques no hay un genuino interés por la transparencia, sino una estrategia para silenciar voces incómodas, como ocurre en Venezuela y Nicaragua.
Lo que no dicen es que, gracias a estas organizaciones –con capacidad técnica y amparadas en su derecho de asociación–, se han enfrentado problemas que las autoridades muchas veces ignoran o evitan, como la corrupción, las economías ilegales, la desigualdad, la migración, el daño ambiental y las emergencias. Así, será la propia población que el Estado no atiende la que resultará seriamente afectada por esta falta de ayuda.
Tampoco mencionan que las ONG operan bajo marcos legales y son sometidas a auditorías por donantes y entidades como SUNAT, Sunafil, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta última incluso ha emitido 1404 sanciones contra organizaciones que no cumplían con los criterios normativos, demostrando la rigurosidad del sistema de fiscalización en la cooperación.
Además, el financiamiento no depende solo de EEUU: La Unión Europea, la filantropía y la cooperación internacional evidencian también un compromiso con el desarrollo humano.
Es paradójico que quienes celebran la reducción de estos fondos sean los mismos que callan ante las economías ilegales que financian el poder político. Su objetivo no es la fiscalización, sino socavar a la ciudadanía para actuar sin escrutinio.
Por ello, debemos proteger la democracia defendiendo a las organizaciones que promueven derechos y fiscalizan al Estado, porque hacerlo es defender la capacidad ciudadana de exigir transparencia y justicia.
Una coalición civil, apartidaria, plural y diversa de todas las regiones del país. Buscan recuperar la política por y para los ciudadanos y ciudadanas.