Otra vez la batalla cultural, por Paula Távara

Tres hechos, tres interpretaciones, una misma línea narrativa y un beneficiado: la batalla cultural de la extrema derecha ha sabido aprovechar cada gotera de nuestra política nacional (que, a decir verdad, ya es directamente un colador) para intentar ganar posiciones discursivas frente a la ciudadanía.

El primero de estos hechos no es un conjunto de estos vinculados todos ellos con la violencia sexual hacia la mujer. Por un lado, los gravísimos indicios respecto de una presunta red de trata de mujeres y extorsión del poder político que habría funcionado al interior del parlamento y habría sido dirigida desde sus más altos funcionarios. Junto con ello, la reciente acusación de una mujer respecto de haber sido presuntamente víctima de violación por parte de un conocido legislador.

Quizás valga la pena incluso recordar aquí que, hace tan solo unos meses, el destituido congresista Freddy Díaz (electo para este mismo periodo legislativo) fue sentenciado a 13 años de cárcel por una violación cometida en 2022 en sus oficinas parlamentarias contra una trabajadora de su despacho.

Ante este terrible escenario de violencia sexual al interior del Poder Legislativo, y en un contexto en el cual estamos hablando del Congreso con más mujeres parlamentarias de la historia del país, la inverosímil respuesta del Parlamento ha sido prohibir las minifaldas entre el personal de la institución.

En el caso de la acusación de violación, no podemos dejar de mencionar la declaración de un parlamentario respecto de que “la mujer debió controlarse”.

Una vez más, como tantas en la historia de nuestro género, y como bien señala Jorge Bruce en su columna de este mismo diario, “la respuesta masculina de los sectores conservadores consiste en responsabilizar a las mujeres de lo que les hacen, no a los perpetradores”.

En ese esfuerzo permanente de la extrema derecha por retrotraernos a la época de las cavernas y a unos supuestos valores tradicionales, el debate vuelve sobre el control del cuerpo (en vestir y en actuar) de las mujeres y no en las acciones y responsabilidades de sus agresores.

Pero como la agenda extremista no incluye solo la tergiversación de la violencia contra la mujer sino también la invisibilización de identidades y la criminalización de su libertad de expresión, el Ejecutivo no se quedó atrás y en recientes días el Ministerio de Cultura, en comunicado público, rechazó considerar espectáculo cultural la obra teatral “María Maricón” (que será presentada en un festival de teatro de la Universidad Católica) por considerar que “atenta contra tres elementos de la fe católica que se recogen en la Sagrada Tradición de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura y el propio Magisterio de la Iglesia”. Esto ha llegado al punto de destituir a la funcionaria responsable de la admisión de esta pieza teatral.

Se equivoca el Ministro Fabricio Valencia si cree que la defensa de las festividades religiosas que son patrimonio cultural es sinónimo de censurar el arte contemporáneo. O muy probablemente no nos encontramos frente a un equívoco sino frente a -una vez más desde este gobierno- la utilización del cargo y las instituciones públicas de una agenda particular ideológica que no se corresponde con los deberes y responsabilidades de un Estado que, desde su propia Constitución, se considera laico y libre.

Quienes sí han celebrado semejante acto de autoritarismo (la censura del arte es casi parte del manual autoritario) han sido políticos de extrema derecha como Rafael López Aliaga y algunos influencers interesados en promover la idea de que el Estado debe combatir un pensamiento abierto en pro de una supuesta protección a la familia y a unos valores de la sociedad que tienen mucho más de segregacionistas que de incluyentes o ciudadanos.

Finalmente, y volviendo sobre el líder oficial de la extrema derecha, el alcalde de Lima, el burgomaestre no ha tenido mejor idea para conmemorar el aniversario de la ciudad, que invitar a la presidenta de la comunidad de Madrid, y aliada suya, Isabel Díaz Ayuso, a quien además ha otorgado las más altas condecoraciones de la ciudad.

Una gobernante que, valga decirlo por si se conoce poco de su historial, es responsable de la muerte de miles de adultos mayores que vivían en residencias de mayores (asilos de ancianos) durante la pandemia por COVID-19, pues decidió sencillamente negar su traslado a centros médicos y dejarles morir solos y sin tratamiento. Esto sumado claro a las múltiples investigaciones contra su hermano por haberse enriquecido durante el mismo periodo vendiendo mascarillas al gobierno subnacional que ella preside y presidía.

Díaz Ayuso -que no es la primera vez que se cuelga del Perú para posicionarse entre sus partidarios españoles y evitar dar cuenta de las goteras de su propia administración- ha aprovechado para dejar estos días una frase muy digna de los discursos de batalla cultural que promueve junto a López Aliaga y otros aliados en la región. Ha dicho que “En este lugar hay población que está sumida en la pobreza y, sin embargo, es alegre”. La alegría primero, la pobreza después. Soporta pues la pobreza y no te quejes tanto. Búscate tú la vida y la alegría y no pidas derechos, que no los tienes. Ese es el discurso de esta derecha que dice promover la libertad, pero si y solo si se trata de sus intereses y sus recursos, y nunca la de expresarse, amar o vivir para un inmenso todos.

Aunque parece que estos tres hechos indignan por separado a muchos y muchas, termino insistiendo en algo que he dicho ya antes en esta columna, y es que estamos dando poca relevancia a la batalla cultural que, de forma más organizada de lo que creemos, se viene dando desde los sectores reaccionarios del país, y que mira ya directamente a las elecciones de 2026. La ofensiva es permanente, la respuesta aún poco relevante.