Ceguera minera pone en riesgo a Lima, por Marisa Glave

Quienes defienden a toda costa el modelo extractivista que hegemoniza nuestra economía, tienden a tener una posición fundamentalista frente a todo nuevo proyecto de explotación minera o de hidrocarburos. Buscan que se ejecuten a toda costa, sin importar dónde están, qué magnitud real tienen y quiénes pueden resultar afectados.

Lastimosamente, esta semana hemos podido ver que este dogmatismo está presente en representantes de entidades públicas peruanas, no sólo el Ministerio de Energía y Minas (MEM), sino incluso en la propia Autoridad Nacional del Agua (ANA). El miércoles pasado se desarrolló la última audiencia judicial del proceso de amparo que busca la nulidad de las autorizaciones que dan luz verde al proyecto minero Ariana.

Este proyecto pretende ejecutarse en el corazón del Sistema Marcapomacocha, en el que se encuentran lagunas, represas, canales y un túnel que permiten trasvasar el agua de la cuenca del Mantaro para la cuenca del Rímac. Poca gente sabe, pero el 62% del agua que tomamos en Lima y el Callao, en época de estiaje, no viene de manera natural por el Rímac, es traída desde Junín por el Túnel Trasandino Cuevas – Milloc. SEDAPAL viene advirtiendo desde el año 2014 hasta hoy que ese proyecto podría poner en riesgo la cantidad y calidad de agua que se toma en la capital.

Este proceso de amparo, que busca garantizar el derecho al agua potable de 11 millones de personas, lleva ya varios años. Empezó el 2019 y los demandantes, entre quienes me incluyo, logramos que se declara fundado en parte nuestro pedido en primera instancia. Esta decisión fue apelada y estamos ya en la última etapa del proceso en segunda instancia. Como el amparo es un proceso constitucional se requiere que tres magistrados voten o a favor de la demanda o en contra. Las posiciones están partidas, dos magistrados ya votaron a favor de la nulidad de las resoluciones y la exigencia de un nuevo estudio que otorgue garantías para el agua de Lima, mientras otros dos han votado en contra.

La decisión final está en manos del juez Eduardo Romero Roca, de la Primera Sala Constitucional. Él deberá dirimir. Esperemos que su decisión ponga en el centro la protección del derecho humano al agua de quienes habitamos en Lima y el Callao, así como degeneraciones futuras, antes que el interés económico.

Pero ¿de qué magnitud es este proyecto? Desde un análisis costo beneficio simple ¿es rentable arriesgar el acceso al agua de millones de personas para su desarrollo? Más aún, siendo Lima quien aporta el 50% del PBI ¿conviene poner en riesgo industrias pequeñas, medianas y grandes que trabajan desde la capital y usan el agua como insumo?

La lectura de que tenemos los demandantes es que no. La minería ha significado un motor importante para la economía nacional, la renta que produce ha sido estratégica para las finanzas públicas y es, sin lugar a dudas, la principal fuente de divisas hoy en el país. Pero reconocer su importancia no debe volvernos dependientes al punto de la ceguera.

Esta manera rentista de comportarse se asocia en parte al tipo de cartera de proyectos que se desarrollaba en el país. Acostumbrados a tener varios de “clase mundial” por su relevancia en el mercado internacional, se ha traslapado la mirada hacia otros que no tienen, ni de lejos, similar relevancia económica. Con proyectos de clase mundial me refiero a los que, como las Bambas o Antamina, representaban entre 5 y 10 mil millones de dólares de inversión para el Perú.

Pero, como señala José De Echave, co-demandante, la cartera de proyectos mineros hoy existente ha cambiado considerablemente. El proyecto emblema de este gobierno – que tiene una oposición social muy fuerte – es Tía María y representa una inversión de 1500 millones de dólares. Bastante lejos de los 10 mil millones de Bambas. Pero aún más lejos se encuentra el proyecto minero Ariana que, conforme muestran cifras oficiales del MEM, representa menos de 200 millones de dólares de inversión. Si cartera minera está valorizadas en 54 mil millones, Ariana representa menos del 0,5%.

Por el contrario, la inversión ya hecha por SEDAPAL y ENEL en la zona es superior. Pero si queremos pensar sólo en inversiones futuras, la que la empresa de agua debe desarrollar en los proyectos Marca V y Marca II, en la zona adyacente al proyecto minero Ariana, con una inversión cinco veces superior a la minera.

En artículos pasados he detallado cuáles son las razones por las que consideramos que este proyecto podría generar riesgo. Recuerdo acá solo dos: es de minado en una zona de piedra calcárea (porosa) cerca de una de las lagunas más importantes del proceso de recolección de agua, sangrar; y la presa de relaves será construida a menos de 500 metros lineales de dónde pasa el túnel trasandino y muy cerca de su bocatoma principal.

Pero un dato que no he señalado antes y que debiera ser conocido por la ciudadanía y por el juez que tiene en sus manos la decisión final, es que el 2020 la Dirección de Inteligencia Nacional decidió incorporar como Activo Crítico Nacional al “Sistema de Tratamiento de Agua Potable de Lima y Callao” incluyendo el sistema de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución, con la infraestructura hídrica que permite el manejo de recursos hídricos provenientes de la cuenca del pacífico y del atlántico. Esto incluye al Sistema Marcapomacocha y al Túnel Trasandino.

Como señalamos en la audiencia, el Estudio de impacto Ambiental se aprobó cuando aún en el país el MEM podía hacerlo. Esto hoy ya no es posible porque tenemos una autoridad ambiental autónoma, adscrita el sector ambiente, como SENACE. El estudio no incorpora una valoración del Sistema Marcapomacocha, ni satisface las dudas razonables que la empresa de agua, de manera responsable, ha levantado.

Que no nos gane el dogmatismo. Abramos los ojos y veamos lo realmente importante, lo realmente valioso. Defendamos nuestro derecho al agua.