Florida: nueva ley de Ron DeSantis permite arrestar a personas sin necesidad de que hayan cometido un crimen
La nueva legislación de Ron DeSantis guarda ciertas similitudes con la Ley SB 43 de California, donde se redefinió el concepto de "discapacidad grave" para permitir la detención involuntaria de personas con trastornos mentales.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una nueva ley que permite arrestar a personas que no han cometido un delito si se considera que representan un peligro para sí mismas o para otros. La medida ha generado controversia, ya que amplía significativamente las facultades de las autoridades para realizar detenciones preventivas.
Esta legislación, conocida como la Ley del Senado 184 (SB 184), es similar a la norma aprobada recientemente en California, donde se redefinió el concepto de "discapacidad grave" para permitir la detención involuntaria de personas con trastornos mentales o consumo problemático de sustancias.
La nueva legislación de Ron DeSantis guarda ciertas similitudes con la Ley SB 43 de California, que entró en vigor en enero de 2025. Foto: composición LR
PUEDES VER: ¡Alerta, inmigrantes en USA! Donald Trump comenzaría con las deportaciones masivas en Chicago en esta fecha
¿En qué consiste la nueva ley de arrestos que aprobó Ron DeSantis en Florida?
A partir del 1 de enero de 2025, la SB 184, aprobada por el gobernador Ron DeSantis, permite que las autoridades arresten a cualquier persona que obstruya, amenace o acose a un primer respondedor en el ejercicio de sus funciones. Un "primer respondedor" se define como un oficial de policía, bombero, paramédico o profesional de atención médica de emergencia, quienes ahora estarán protegidos ante cualquier interferencia que dificulte su labor.
Las acciones que se consideran violaciones de esta nueva legislación incluyen:
- Impedir u obstaculizar el trabajo de un primer respondedor.
- Amenazar con causar daño físico.
- Hostigar a los primeros intervinientes.
Las personas que sean encontradas culpables de estos actos podrían enfrentar un delito menor de segundo grado, con penas de hasta 60 días de cárcel, según las estipulaciones de la nueva normativa.
Esta legislación, conocida como la Ley del Senado 184 (SB 184), es similar a la norma aprobada recientemente en California, donde se redefinió el concepto de "discapacidad grave" para permitir la detención involuntaria de personas con trastornos mentales. Foto: composición LR
La ley de Ron DeSantis guarda similitudes con Ley SB 43 de California
La nueva legislación de Ron DeSantis guarda ciertas similitudes con la Ley SB 43 de California, que entró en vigor en enero de 2025. Esta ley amplió los criterios de detención involuntaria, permitiendo a las autoridades intervenir en casos de trastornos mentales graves y adicciones severas, incluso si la persona no ha cometido un crimen.
En California, la nueva normativa redefine la "discapacidad grave" e incluye a quienes enfrentan problemas de salud mental y abuso de sustancias, con el objetivo de proporcionarles tratamiento adecuado y evitar situaciones de riesgo. Sin embargo, este tipo de leyes ha suscitado preocupaciones sobre su posible abuso y la falta de garantías para los derechos individuales.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una nueva ley que permite arrestar a personas que no han cometido un delito si se considera que representan un peligro para sí mismas o para otros. Foto: composición LR
Críticas y preocupaciones sobre la SB 184 en Florida
Aunque la SB 184 ha sido presentada como una medida para proteger a los primeros respondedores y garantizar la seguridad pública, ha generado preocupaciones entre defensores de derechos humanos y expertos legales. Algunos críticos consideran que la ley podría ser utilizada de manera arbitraria, permitiendo arrestos sin pruebas concretas de que una persona haya cometido un delito.
Los opositores advierten que la ley podría tener un impacto desproporcionado en comunidades vulnerables, especialmente entre personas con enfermedades mentales o en situación de calle, quienes podrían ser detenidas sin contar con las garantías necesarias para su protección legal.