Emergencia nacional y deportaciones masivas: las primeras medidas de Trump para expulsar inmigrantes en EE. UU.
Además de la emergencia nacional, la administración de Donald Trump implementará el Proyecto 2025, una iniciativa diseñada para ejecutar redadas a gran escala y deportaciones masivas en Estados Unidos.
El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha traído consigo un endurecimiento significativo de las políticas migratorias. Durante su discurso de toma de posesión como el 47.º presidente del país, Trump anunció la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur, una medida que busca frenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza. Esta acción marca el inicio de una serie de decretos ejecutivos que, según el mandatario, forman parte de la "restauración de América" y la "revolución del sentido común".
Las nuevas políticas incluyen la deportación masiva de inmigrantes, la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento y la reinstauración de estrictas normas como la política de "Quédate en México" (Remain in Mexico). Trump también ha prometido enviar tropas a la frontera para frenar lo que ha denominado como una "invasión desastrosa". Estas medidas han generado preocupación entre las comunidades migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos, que temen una intensificación de las redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La visión sobre la presencia de inmigrantes en Estados Unidos por parte de Donal Trump va más allá de la seguridad nacional. Foto: Composición LR/CNN/AFP.
Declaración de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos
Donald Trump ha señalado que la declaración de emergencia permitirá movilizar recursos militares para priorizar la seguridad fronteriza y garantizar la integridad territorial del país. Según la Casa Blanca, esta medida implica la detención inmediata de toda persona que cruce ilegalmente la frontera y el inicio de procesos acelerados de deportación.
El plan contempla la expulsión de millones de inmigrantes, especialmente aquellos con antecedentes penales. "Vamos a devolver a los criminales extranjeros a los lugares de donde vinieron", afirmó Trump en su discurso. Asimismo, el mandatario anunció la eliminación de la práctica conocida como "catch and release" (atrapar y liberar), que permitía la liberación de inmigrantes mientras se resolvían sus casos en los tribunales.
Otra de las medidas más controvertidas anunciadas por Donald Trump es la eliminación de la ciudadanía por nacimiento. Foto: composición LR
Deportaciones masivas y el Proyecto 2025 de Donald Trump
Como parte de su estrategia migratoria, la administración de Trump implementará el Proyecto 2025, una iniciativa diseñada para ejecutar redadas a gran escala y deportaciones masivas. Esta propuesta busca eliminar programas de alivio migratorio como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Parole Humanitario.
Ciudades santuario como Chicago, Nueva York y Los Ángeles ya están adoptando medidas para proteger a los inmigrantes ante la amenaza de deportaciones. Organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los migrantes están reforzando sus esfuerzos para brindar asesoría legal, apoyo emocional y crear redes de respuesta rápida.
El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha traído consigo un endurecimiento significativo de las políticas migratorias. Foto: composición LR
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Fin de la ciudadanía por nacimiento y derecho de asilo
Otra de las medidas más controvertidas anunciadas por Donald Trump es la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, garantizada por la Constitución de Estados Unidos. De acuerdo con Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, esta acción busca "aclarar" el texto constitucional para evitar que los hijos de inmigrantes irregulares obtengan la nacionalidad de forma automática.
Además, Trump planea poner fin al derecho de asilo. Esta medida permitirá la expulsión inmediata de quienes intenten ingresar al país bajo esta figura. Estas iniciativas han generado una fuerte oposición por parte de legisladores y organizaciones proinmigrantes, quienes advierten que las nuevas políticas podrían derivar en violaciones a los derechos humanos.