EEUU expulsará a Chile a tres venezolanos bajo ley de guerra de 1798

Estados Unidos prevé expulsar a Chile a tres venezolanos, presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, en virtud de una ley de 1798 aplicada en tiempos de guerra que le permite declararlos "enemigos extranjeros", informó este lunes el Departamento de Justicia.
El gobierno del presidente Donald Trump invocó esta ley en un decreto publicado el 15 de marzo para justificar la deportación ese mismo día a El Salvador de más de 200 personas.
Washington los considera miembros del Tren de Aragua, grupo al que declaró "organización terrorista" global. No aportó pruebas.
El 15 de marzo, un juez federal suspendió las deportaciones llevadas a cabo en nombre de la ley del siglo XVIII. La administración recurrió.
Este lunes Washington anunció su intención de volver a activarla, esta vez contra los venezolanos Adrián Rafael Gámez Finol, Miguel Oyola Jiménez y Edgar Javier Benítez Rubio. El Departamento de Justicia los acusa de haber entrado "ilegalmente en Estados Unidos después de supuestamente cometer crímenes horribles en Chile".
"Estos tres miembros del Tren de Aragua representan un grave peligro para la seguridad pública y la seguridad nacional de Estados Unidos, tal como supuestamente lo hicieron en Chile", afirma el fiscal general adjunto Todd Blanche, citado en un comunicado.
El Departamento de Justicia dice que los enviará "de inmediato a Chile", en respuesta a una solicitud de las autoridades chilenas.
"De hecho, ya habríamos enviado a estos miembros violentos de la pandilla a Chile para enfrentar la justicia si no fuera por la orden judicial nacional impuesta por un solo juez", se queja el ministerio de Justicia antes del comienzo de una vista ante una corte federal de apelaciones en Washington.
Este lunes el juez confirmó su suspensión, tras la audiencia sobre el fondo celebrada el viernes.
Alega que, antes de ser expulsados, los demandantes deben poder impugnar individualmente ante los tribunales estadounidenses su pertenencia al Tren de Aragua.
El juez James Boasberg también ha hecho hincapié en la aparente falta de transparencia de la administración Trump porque el decreto lleva fecha del 14 de marzo y se publicó al día siguiente, aproximadamente una hora antes de la vista judicial de emergencia.
La expulsión acelerada de un extranjero en virtud de la ley de 1798 "sin darle la oportunidad de salir por su cuenta del territorio o de impugnar esa orden, es ilícita", escribió el magistrado.
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