Con "Aún estoy aquí" Brasil enfrenta al fantasma de la dictadura
"Si ganamos vamos a festejar como una Copa del Mundo", promete Isabela Caetano, una estudiante de 19 años de Sao Paulo que, como muchos brasileños, vive las nominaciones al Oscar de "Aún estoy aquí" como una cuestión de orgullo nacional.
En las calles y las redes sociales, ciudadanos, artistas y políticos -incluido el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva- se subieron a la ola de euforia por la película del cineasta Walter Salles, sobre la desaparición del exdiputado progresista Rubens Paiva en 1971.
Candidata al Oscar como mejor film y mejor film internacional, "Ainda estou aqui" ("Aún estoy aquí") enfrenta a Brasil con el fantasma de su dictadura militar (1964-1985), un tema por décadas marginal en el debate público.
Casi cuatro millones de brasileños ya la vieron en cines, mientras el país asiste a revelaciones sobre la reciente implicación de militares en una presunta trama golpista.
Con protagónico de Fernanda Torres, ganadora del Globo de Oro y nominada al Oscar a mejor actriz, la película narra la lucha de la esposa Eunice Facciolla Paiva para esclarecer el secuestro de su marido por las fuerzas armadas.
El cuerpo de Paiva jamás apareció y su crimen sigue impune. Una Comisión Nacional de la Verdad dilucidó en 2012 que el Estado fue responsable.
- De la pantalla a las calles -
El éxito de "Aún estoy aquí" inspiró una idea inusitada en Sao Paulo. La tumba de Eunice Paiva, fallecida en 2018, fue incluida como atracción en una visita guiada al cementerio de Araçá, uno de los mayores de la capital económica de Brasil, organizada por el proyecto "O que te assombra?" (¿Qué te atormenta?).
"Vine a homenajearla porque hay que recordar lo que su lucha nos dice sobre nuestro país de hoy", dice Mirella Rabello, una médica de 28 años que dejó flores en la tumba.
En Rio de Janeiro, la casa donde se filmó "Aún estoy aquí" -basada en un libro de un hijo de Paiva- atrae a turistas nacionales movilizados por la historia.
"Soy de Brasília y vine a esta casa para registrar para mis nietos lo que una película puede significar para la memoria de un país", dice Silvana Andrade, una maestra de 55 años, frente a la residencia en Urca, un barrio tranquilo sobre la bahía carioca.
"Esta película también es sobre nuestro presente", dijo Salles, cuyo film "Central do Brasil" (Estación Central, 1998) también fue nominado al Oscar, en una reciente entrevista con la AFP.
La policía brasileña acusó en noviembre al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y nostálgico de la dictadura, por un supuesto plan para impedir la asunción de Lula en 2022.
Bolsonaro y mandos de las fuerzas armadas podrían enfrentar cargos por presunta conspiración contra la democracia. El exmandatario se declara inocente y dice ser un "perseguido".
Tras el estreno en noviembre de "Aún estoy aquí", cuentas asociadas a la extrema derecha llamaron a un "boicot" contra la película en redes sociales.
- Un país "más sensibilizado" -
Brasil nunca juzgó los delitos de la dictadura, que según cifras oficiales dejó 202 muertos, 232 desaparecidos y miles de víctimas de torturas y detenciones ilegales.
Una ley de amnistía aprobada en 1979 por el régimen militar impidió castigar a los culpables.
Pero un ministro de la corte suprema brasileña interpretó por primera vez en diciembre que la amnistía no puede incluir la ocultación de cadáveres.
En su decisión, que el pleno de la corte aún debe considerar, el ministro Flávio Dino citó a "Aún estoy aquí", estrenada un mes antes.
"Hoy Brasil está más sensibilizado sobre la dictadura, gracias a factores que van desde una película hasta noticias sobre una conspiración militar", dice Eugenia Gonzaga, presidenta de la estatal Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos.
Según Gonzaga, la cifra de víctimas del régimen militar puede ser mucho mayor a la oficial, si se consideran grupos sin militancia partidaria como indígenas castigados por la represión.
Para los muertos registrados oficialmente, la justicia ordenó en diciembre que se corrijan sus certificados de defunción para explicitar que murieron a manos del Estado. También se emitirán actas para los desaparecidos.
Admitido en 1996 como muerto, Rubens Paiva es una de las víctimas cuyo certificado ahora dice: "Muerte causada por el Estado en el contexto de la persecución sistemática a la población identificada como disidente".
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