Alcalde de Trujillo culpa al Congreso y a la PCM por tragedia en Real Plaza: acusa de facilidades en normas a centros comerciales
Mario Reyna, alcalde de Trujillo, también presentó una denuncia penal contra los representantes del centro comercial.
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El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, reconoció que no solicitó una inspección profunda en Real Plaza previo a la tragedia ocurrida el 21 de febrero en su ciudad y se justificó en que la actual normativa impide que las municipalidades puedan inspeccionar rigurosamente. Además, acusó al Congreso de la República de dar normas que flexibilizan las reglas de infraestructura. Cabe recordar que Reyna ha denunciado penalmente a los representantes de Real Plaza tras el colapso que acabó con la vida de 6 personas y dejó más de 80 heridos.
"Es una tremenda irresponsabilidad no solo de Real Plaza, sino también de la clase política que lastimosamente a lo largo del tiempo ha venido flexibilizando las normas de la inspección técnica para darles las facilidades a estos grandes centros comerciales para que no tengan garantías sobre infraestructura metálica, incluso algunos congresistas", sostuvo.
Alcalde de Trujillo, Mario Reyna, también culpó a la PCM
Asimismo, el alcalde de Trujillo respondió a las declaraciones del primer ministro Gustavo Adrianzén, quien responsabilizó a la municipalidad por la tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza. Por su parte, Adrianzén señaló que la fiscalización y supervisión de las estructuras de estos establecimientos recaen en la Municipalidad de Trujillo, lo que implica una responsabilidad política directa en el caso.
Al respecto, Reyna argumentó que las normas nacionales limitan las atribuciones de las municipalidades en materia de fiscalización y explicó que las inspecciones que realizan los gobiernos locales son superficiales debido a la flexibilidad de la normativa vigente.
"Nosotros no podemos ir más allá de lo que establece la norma", señaló la autoridad edil. Además, informó que ha remitido una carta al primer ministro solicitando que se restablezca la normativa anterior, que otorgaba a las municipalidades mayor facultad para realizar inspecciones más rigurosas. "Si dicen que las municipalidades son responsables, entonces, ¿bajo qué norma podríamos hacer algo que no está establecido en la ley? Nos estarían denunciando por abuso de autoridad. (...) Yo estoy señalando que es un problema nacional la flexibilización de las normas para beneficiar a estos centros comerciales", advirtió Reyna.
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¿Por qué no se pudo clausurar definitivamente el centro comercial Real Plaza en el 2023?
La Ley N°31914 limitó la facultad de las autoridades para cerrar establecimientos sin una causal directa vinculada a riesgos inminentes que pongan en peligro la vida o la salud. Esta norma, promovida por el fujimorismo durante la gestión de Alejandro Soto, modificó regulaciones anteriores al establecer que las clausuras temporales solo proceden ante peligros concretos y deben levantarse en 48 horas presentando las correcciones correspondientes.
En diciembre de 2023, el entonces alcalde Arturo Fernández clausuró el mismo centro comercial por 30 días tras un homicidio, argumentando "peligro inminente". Sin embargo, el congresista Alejandro Cavero que impulsó la Ley N°31914, advirtió en redes sociales que dicha clausura contradecía la nueva normativa, defendiendo que los cierres arbitrarios afectan a los empresarios. Tras la tragedia, Cavero insistió en que la ley busca proteger a los negocios, aunque críticos señalan que debilita la capacidad de acción ante riesgos estructurales.
