Víctimas del Sodalicio exigen reparaciones integrales y justicia ante su inminente disolución
En declaraciones exclusivas para La República, víctimas del Sodalicio señalaron que las reparaciones deben ir más allá del ámbito económico, abordando también necesidades psicológicas y laborales de cada persona.
Luego de que el propio Sodalicio de Vida Cristiana confirmase su próxima disolución y a puertas de que la decisión se haga oficial por parte del Vaticano, La República se contactó con las víctimas para conocer su opinión y expectativas sobre la decisión del papa Francisco. Los entrevistados consideraron que las reparaciones a realizarse por parte de las entidades religiosas relacionadas a este caso deben no solo ser planteadas desde el terreno económico, sino también desde el terreno psicológico, laboral y en toda dimensión que se haya visto afectada por los actos perpetrados por el Sodalicio.
Jose Enrique Escardó, Renzo Orbegozo y Martín Scheuch compartieron sus puntos de vista ante la posibilidad de verse resarcidos luego de la disolución de la entidad religiosa. Las víctimas son conscientes que estos temas todavía deben definirse a partir de la resolución o resoluciones que emita la iglesia católica al momento de declarar oficialmente la disolución del Sodalicio. De allí, la importancia de escuchar sus voces, para conocer sus necesidades.
"Es necesario que tome medidas en términos de prevención, justicia y sanidad"
Jose Enrique Escardó, el primer denunciante de los abusos perpetrados por el Sodalicio de Vida Cristiana, consideró que el primer paso es entender la reparación no solo como un acto de resarcimiento económico, sino sobre todo como un espacio de reparación en distintas dimensiones dañadas. Escardó consideró que reducir las reparaciones a cuestiones económicas puede llevar a revictimizar a los perjudicados, buscando que el poder económico se sobreponga a la búsqueda de justicia.
"Existe un concepto muy errado sobre lo que es la reparación, un error generalizado entre la gente. Solo quienes estamos involucrados directamente en este tema —víctimas y sobrevivientes— entendemos que la reparación económica, incluso, puede ser revictimizante. No se puede pretender que con una cantidad de dinero se solucione el daño causado; eso no funciona así. Lo que debe hacerse es atender las necesidades particulares de cada persona, lo que nosotros llamamos sanidad. Esto puede incluir apoyo laboral, inserción en el sistema educativo, atención psicológica, entre otros. Cada persona es diferente y requerirá algo distinto. No se trata solo de dinero, porque en ocasiones el dinero busca silenciar, y eso es precisamente lo que el Sodalicio ha intentado hacer: entregar dinero a cambio de que las víctimas no pidan más ni hablen más. Esa práctica no solo revictimiza, sino que también intimida. Habrá que esperar lo que diga el Vaticano y presionar para que este concepto sea entendido correctamente, de modo que, ya sea el Sodalicio, el Vaticano o el Estado peruano, quien tenga que implementar las medidas lo haga de manera adecuada", indicó.
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Asimismo, el también presidente de la Red de Sobrevivientes Perú y el Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe consideró que existen distintas figuras que evaden todavía su responsabilidad en los hechos y que deben ser juzgadas.
"Todavía hay muchas cosas pendientes. Aquí, los obispos están evadiendo responsabilidades. ¿Qué ha pasado con los obispos durante estos 25 años? Desde el inicio, se rieron de las denuncias, las minimizaron y luego no hicieron nada más que engañar a las víctimas. Es un tema complejo, especialmente porque uno de esos obispos formaba parte del Sodalicio. Monseñor Eguren es un victimario, un encubridor, y aún sigue siendo obispo con funciones en la Conferencia Episcopal. Lo mismo ocurre con los sacerdotes vinculados al Sodalicio. Si esta organización está siendo disuelta, ¿cómo es posible que estos sacerdotes sigan ejerciendo? Son un peligro y deberían ser reducidos al estado laical. Esto es algo pendiente, al igual que el caso de los laicos consagrados que ocupan posiciones de autoridad en las comunidades o aquellos que estaban vinculados con los negocios del Vaticano. La Iglesia debe tomar medidas concretas respecto a estas personas", señaló
Al finalizar, consideró que no solo la iglesia católica debe tomar las medidas pertinentes dentro de las reparaciones a ejercerse contra las víctimas de los actos perpetrados por el Sodalicio, sino que también el Estado peruano debe tomar riendas en el asunto. Escardó consideró que hasta el momento el Estado "no ha hecho nada" y que, en orden para que se logre una justicia verdadera, deben dictarse medidas judiciales contra los implicados.
"Es necesario que tome medidas en términos de prevención, justicia y sanidad. Corresponde al Estado brindar atención psicológica y médica a las víctimas que, durante años, estuvieron sometidas a una forma de esclavitud moderna, sin acceso a seguros, dinero de jubilación ni derechos básicos. Este es un tema que el Estado debe abordar con urgencia. Por eso, es importante esperar el decreto del Vaticano, analizarlo punto por punto, evaluar cómo está planteado y determinar qué aspectos faltan para vincularlos con la justicia civil. Algunos dicen que ya hemos recibido justicia, pero esto es solo un reconocimiento parcial del problema. La verdadera justicia viene desde lo civil, viene del Estado, y eso es por lo que debemos luchar".
"El Sodalicio ha ignorado repetidamente las demandas del papa para reparar en verdad y justicia"
Renzo Orbegozo, otro de las víctimas de parte de los abusos perpetrados por el Sodalicio, consideró que la disolución traerá distintas reacciones de parte de los involucrados. Consideró también que es preferible esperar a ver como se desarrollan las reparaciones a darse desde los organismos vinculados y agradeció a los implicados en el reconocimiento.
"Las reparaciones, poco a poco, irán clarificándose a medida que tengamos más detalles sobre esta noticia. Además de la tranquilidad que sentimos, esta decisión respalda los testimonios de tantas víctimas y valida nuestra lucha. Creo que el Vaticano ha basado su decisión en nuestras declaraciones, las cuales hemos tenido el coraje de presentar durante años. Esto comenzó con testimonios como el de Escardó y continuó con el trabajo de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes llevaron esta causa adelante con publicaciones como 'Mitad monjes, mitad soldados' y 'Sin noticias de Dios', entre otros. También destaco a Martín López de Romaña y su aporte en este proceso", indicó.
Orbegozo consideró que las reparaciones otorgadas hasta el momento no pueden resarcir los daños ocasionados contra los afectados: "Las reparaciones otorgadas hasta ahora han sido arbitrarias e injustas. La primera Comisión Ética, convocada por el propio Sodalicio, hizo recomendaciones claras en su momento: reparaciones económicas, asistencia psicológica, médica y profesional, entre otros apoyos según la realidad concreta de cada víctima. Sin embargo, estas recomendaciones no fueron respetadas. Posteriormente, la Comisión Ian Elliott implementó un sistema de reparaciones que revictimizó a las personas afectadas, ignorando los criterios iniciales. Muchas víctimas fueron tratadas de manera injusta: se cortaron servicios psicológicos y psiquiátricos arbitrariamente, y en algunos casos, ni siquiera se reconoció su condición de víctimas", indicó.
El denunciante también consideró que los responsables encargados desde la Santa Sede de investigar y ejercer el comisariato en la disolución del Sodalicio son los indicados para brindar un trabajo que permita la sanidad adecuada para los damnificados.
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"Gracias al trabajo comprometido de Monseñor Charles Scicluna y Monseñor Jordi Bertomeu, hemos visto los frutos de una investigación seria, algo que no había ocurrido antes debido a los encubrimientos del Sodalicio en el Vaticano. Su labor marcó la diferencia y condujo a esta conclusión: el Sodalicio debía ser suprimido o disuelto. (...) Las víctimas confiamos plenamente en Monseñor Scicluna y Monseñor Bertomeu, quienes conocen nuestros casos de manera cercana. Respaldamos su labor, especialmente la de Monseñor Bertomeu, quien ha sido designado comisario y cuya actuación ha sido intachable, empática y justa desde el principio. En diciembre, tuve la oportunidad de reunirme con él y con Sor Simona Brambilla, encargada del Dicasterio para la disolución del Sodalicio, y su compromiso con las víctimas quedó plenamente demostrado".
"Lo que sucedió en el Sodalicio no debe ser nunca olvidado"
Martín Scheuch, denunciante del Sodalicio afincado en Alemania, consideró que las reparaciones gestionadas hasta el momento por la propia institución son injustas ante la proporción del daño causado hacia los perjudicados. Además, en sintonía con los demás entrevistados, consideró que las reparaciones no deben ser unicamente económicas.
"Tengo entendido que si van a haber reparaciones económicas que puedan ser gestionadas por funcionarios de la Santa Sede, el dinero tendría que obtenerse del Sodalicio mismo. De hecho, las reparaciones otorgadas por el Sodalicio han sido insuficientes, si consideramos que sus autoridades admiten haber repartido 5.348.000 dólares entre 83 víctimas, lo cual hace un promedio que no llega a los 64.500 dólares por reparación. Hay varias víctimas cuyas reparaciones no deberían bajar del millón de dólares, solamente si se consideran los gastos en medicamentos y terapias que van a requerir por el resto de sus vidas. Y eso sin considerar los conceptos por trabajos no remunerados, oportunidades perdidas de estudios, falta de aportes a seguros de salud y jubilación, etc", señaló.
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El damnificado consideró que la política de reparaciones del Sodalicio solo ha buscado la forma de silenciar las denuncias realizadas por las múltiples víctimas de los abusos perpetrados: "En la política de reparaciones del Sodalicio nunca ha habido una auténtica preocupación por las víctimas, sino solamente el deseo de pagar lo menos posible y aprovecharse de la situación de necesidad de las víctimas para que acepten los pagos, siendo la alternativa no recibir nada. Y en los casos tramitados antes de que el papa enviara a la Misión Especial Scicluna-Bertomeu a Lima, había en los acuerdos extrajudiciales cláusulas abusivas de confidencialidad y de garantía de impunidad de los abusadores y sus cómplices. (...) Yo mismo he sido reparado apresuradamente en diciembre de 2024 con un monto cercano al promedio, tras ocho años en que se me negó sistemáticamente el derecho a ser considerado una víctima del Sodalicio, cosa que efectivamente sí lo reconoció la Comisión Ética para la Justicia y la Reconciliación, convocada por el mismo Sodalicio a fines de 2015 y cuyas recomendaciones fueron ignoradas abrumadoramente por a institución", indicó.
Scheuch consideró que el Sodalicio no ha mostrado una intención de arrepentimiento real ante los hechos denunciandos. Consideró que ello es parte del proceso de reparación que todavía no puede cerrarse hasta que existan unas disculpas auténticas desde la institución católica.
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"Las reparaciones hubieran podido tener un significado simbólico importante, si el Sodalicio hubiera reconocido los problemas estructurales de la organización, la responsabilidad de sus autoridades, la complicidad de los encubridores, y no solamente la culpa individual de algunos miembros. Pero eso nunca se ha hecho. Las disculpas sólo hacen alusión a los daños que subjetivamente dicen haber sufrido las víctimas, pero no se suelen mencionar las causas objetivas que originaron esos daños. Falta un pedido auténtico de disculpas. Asimismo, deberá hacerse en el futuro un recuento exhaustivo de testimonios, para que no se pierda la memoria de lo que sucedió en la institución. Narrar es recordar. Y lo que sucedió en el Sodalicio no debe ser nunca olvidado. La memoria es garantía de que algo así no se vuelva a repetir", concluyó.