Otárola, Demartini e Hinojosa se salvarían con observaciones del Gobierno a ley de detención preliminar sin flagrancia
El gobierno de Dina Boluarte ha propuesto al Congreso limitar la detención preliminar a crímenes violentos, lo que podría afectar la lucha contra la corrupción y favorecer a implicados.
Más de un implicado en casos de corrupción habrá celebrado las observaciones del Ejecutivo a la ley que restituye la detención preliminar sin flagrancia. El gobierno de Dina Boluarte propuso al Congreso limitar esta medida a situaciones estrictamente necesarias y en crímenes violentos, lo que impedirá a los fiscales solicitar una detención preliminar ante delitos de corrupción u otros no violentos.
Aunque se presenta como una iniciativa para evitar abusos judiciales, los investigados por casos de corrupción y delitos de cuello blanco no se verían amenazados por la norma y disminuiría su intención de colaborar con las investigaciones.
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La misma presidenta Dina Boluarte, quien en cualquier momento podría enfrentar una vacancia, sabría que no habría detención preliminar en las investigaciones del caso Cofre, acusaciones de enriquecimiento ilícito u otros casos similares que afronta hoy o podría afrontar en el futuro.
Otros personajes vinculados al Gobierno también se verían favorecidos. Entre ellos destacan tres políticos investigados preliminarmente: Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, por negociación incompatible y obstrucción; Alberto Otárola, exprimer ministro, por negociación incompatible, cohecho, patrocinio ilegal, tráfico de influencias; y Fredy Hinojosa, vocero presidencial, investigado por colusión, tráfico de influencias y organización criminal.
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El exabogado de la Procuraduría General del Estado, Joel Enrique Córdova, opinó que las observaciones del Ejecutivo ignoran delitos en los que están involucradas figuras ligadas al Poder Ejecutivo. Según Córdova, para el gobierno de Dina Boluarte, la corrupción no sería un motivo suficiente para aplicar la detención preliminar.
"Se están dejando de lado delitos muy importantes, como los de corrupción de funcionarios, que tienen una alta incidencia delictiva. Una propuesta como esta desvirtúa la lucha contra la corrupción, cuyo principal actor debe ser el Estado. Además, se excluyen otros delitos relevantes, como el lavado de activos", explicó.
De aprobarse la propuesta del Gobierno, estaríamos ante una deformación de esta herramienta jurídica. "Todos los investigados por casos de corrupción quedarían exentos de la detención preliminar. Cabe recordar que la propia presidenta está siendo investigada por delitos de esta naturaleza. (...) De esta manera, los denominados delitos de cuello blanco están siendo exonerados de la figura de la detención preliminar debido a las restricciones extremas sugeridas por el Poder Ejecutivo", concluyó Córdova.
Cuando la ley opera al servicio del poder
Por su parte, el Dr. Andy Carrión, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), también expresó su preocupación, considerando que esta propuesta podría desvirtuar la finalidad de la detención preliminar, alejándola de su verdadera utilidad en casos graves, como los delitos de corrupción:
"Si el Congreso de la República adopta estas observaciones del Poder Ejecutivo, las medidas de detención preliminar ya no se aplicarán a los delitos de corrupción de funcionarios. Esto está explícitamente señalado en las observaciones enviadas por el Ejecutivo. Además, es poco probable que se incluyan delitos de cuello blanco, ya que el baremo mínimo establecido para aplicar esta medida es de ocho años de pena, mientras que muchos delitos de corrupción tienen penas de entre cuatro y seis años".
Casos como 'Waykis en la sombra', el caso 'Cofre', 'rolexgate', el caso Qali Warma y cualquier investigación que involucre indicios de corrupción no permitirían la detención preliminar de los implicados si se aplican las recomendaciones del Ejecutivo. La idea de que el Gobierno manipula la normativa para favorecer a figuras de su entorno investigadas por corrupción —como los mencionados Fredy Hinojosa, Julio Demartini y Alberto Otárola— no parece descabellada.
Así lo cree Jhimer Monzón, politólogo y Director General de la Asociación de Estudios en Ciencias Sociales "Leviatán", quien señaló que existe una clara intención por parte de los poderes del Estado de moldear las directrices jurídicas para que el ordenamiento legal favorezca a quienes podrían ser investigados por corrupción.
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"En sintonía con la aprobación de la Ley Nº 32054, que prohíbe acusar a los partidos políticos como organizaciones criminales —una norma que ha beneficiado a innumerables políticos desde junio del año pasado—, tenemos esta modificación a la figura de la detención preliminar. Una vez más, el orden jurídico se adapta a las conveniencias de los todopoderosos del pacto político peruano. No hay algo que el pacto de poder no pueda hacer, ni limites morales que los pueda detener. Legislativo y Ejecutivo se han abrazado celosamente para defenderse mutuamente, al parecer la directriz es clara: "O nos salvamos todos, o nos hundimos todos". El silencio desvergonzado de los unos, frente a los escándalos semanales de los otros, no deja a dudas. Su misión es llegar a como de lugar hasta el 2026, y quién sabe si ya tienen planes para permanecer un tanto más.", afirmó Monzón.