Congreso: aprueban en segunda votación ley que restituye el financiamiento privado para partidos políticos
El objetivo de la norma es que las organizaciones políticas puedan recibir aportes de hasta 200 UIT al año y ya no de 120 como estaba establecido.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en una segunda votación, el dictamen que formaliza el retorno del financiamiento privado para las organizaciones políticas en el país y establece que los abogados de estas entidades y sus líderes sean remunerados con fondos públicos. El texto alternativo del dictamen, que se deriva de los proyectos de ley 3153, 4597 y otros, modifica la Ley 28094, que regula las Organizaciones Políticas.
La norma fue aprobada con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Entre los congresistas que votaron a favor se encuentran, principalmente, los pertenecientes a la bancada de Fuerza Popular como Alejandro Aguinaga, Martha Moyano, César Revilla y Eduardo Castillo.
Otros de los legisladores que votaron a favor de la restitución fueron: Cavero Alva (Avanza País), Soto Reyes (APP), Camones Soriano (APP), Yarrow Lumbreras (Renovación Popular), Medina Minaya (Renovación Popular), Paredes Gonzales (Bloque Magisterial), Vásquez Vela, Jerí Oré (Somos Perú), Chirinos Venegas (Renovación Popular), Valer Pinto (Somos Perú) y demás. Se abstuvieron Orué Medina y Soto Palacios.
En contraposición, los parlamentarios que rechazaron la propuesta fueron: Cruz Mamani, Gonza Castillo, Monteza Facho, Sánchez Palomino, Cuti Pacana, Flores Ramírez, Luque Ibarra, Cueto Aservi, entre otros.
Congresista Ruth Luque se opuso a la votación en la Comisión Permanente
Durante la sesión, la congresista Luque Ibarra se opuso a la votación de esta norma en la Comisión Permanente porque, según su sustento, este órgano no tiene la autoridad para votar modificaciones de leyes orgánicas tal como indica una sentencia del Tribunal Constitucional del 2020. "No tiene razón para votarse en esta Comisión. Esto debe ser competencia exclusiva del Pleno", sentenció.
En respuesta, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), señaló que la votación se realizaría sobre la ley de organizaciones políticas y no la sobre la ley orgánica de elecciones. "Todas las leyes vinculadas a las organizaciones políticas se han votado por leyes ordinarias y no hay motivo para que esta ley de financiamiento sea distinta. Finalmente, si alguien tiene una objeción constitucional tiene el camino evidente y es que, si es que se aprueba, puede ir ante el Tribunal Constitucional", concluyó.
Ante ese escenario, una vez que se desarrolló la segunda votación, la legisladora Luque presentó una solicitud de reconsideración, sin embargo, esta fue rechazada con 17 votos en contra, 3 abstenciones y solo 5 favor.
Tras el fin de la sesión, Ruth Luque insistió en expresar su rechazo sobre la aprobación de esta norma y declaró a la prensa que se trata de una "desnaturalización de los recursos del Estado".
"Es una desnaturalización por completo de los recursos del Estado que tendrían que ir para fortalecer la vida política de los partidos, ahora para dedicarse a defender delincuentes e investigados de partidos. Esa es la verdad. Se está usando plata de los peruanos para investigar y defender sus casos. Los que han planteado esta propuesta solo quieren usar recursos del Estado para sus propios intereses e investigaciones", manifestó.
Además, declaró a este medio alegando que la restitución de dicha norma debilita la institucionalidad. "Desde mi perspectiva, estas modificaciones desvirtúan completamente la finalidad del financiamiento público. En lugar de fortalecer la institucionalidad, esta reforma parece abrir las puertas al ingreso de economías ilegales que, probablemente, recibirán protección dentro del sistema", anotó.
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Regresa el financiamiento privado para los partidos: ¿cuáles son los alcances de esta ley?
Respecto a la norma, esta establece que el financiamiento público también pueda ser utilizado para el pago de "servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política como a sus directivos, representantes y voceros".
Tal modificación resulta idónea para la bancada que promovió la restitución de la ley, Fuerza Popular, pues su lideresa Keiko Fujimori y otros miembros de la organización son investigados por el presunto delito de lavado de activos en el caso Cócteles.
De la misma forma, el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se encuentra en la clandestinidad al enfrentar una orden de prisión preventiva por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.
En la misma línea, el líder de Podemos Perú, Luna Gálvez, es investigado por la supuesta comisión de lavado de activos.
Además, otro de los cambios que resultan beneficiosos para Fuerza Popular, partido que enfrenta una investigación por presuntos aportes ilegales, es que la norma establece que el dinero no declarado que sobrepasen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino que serán considerados como infracciones con responsabilidad administrativa.
Especialistas cuestionan norma
De acuerdo con un informe de este medio, la norma no evita que los partidos sean financiados de forma ilegal. Según el politólogo Martín Ueda, académico de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) "esta medida tiene mucha similitud con el modelo estadounidense de lobby o financiamiento de partidos".
"Esto puede tener aspectos positivos o negativos, según cómo se analice: por un lado, busca fomentar la transparencia pública; pero, por otro, constituye una forma más legal e institucionalizada de permitir la captura del poder por parte de grupos de interés muy fuertes", explicó.
Para Ueda, el dictamen aprobado no garantiza que los financiamientos sean lícitos, y advirtió que podría agravar el problema: "No considero que este sea necesariamente un mecanismo sólido para fortalecer la institucionalidad. Muchos políticos financiados por economías ilegales seguirán siendo apoyados mediante formas ilícitas, incluso a través del lavado de dinero", agregó.
El politólogo destacó que las dificultades vinculadas al financiamiento de los partidos políticos tienen un origen estructural: "El financiamiento ilegal está relacionado con problemas asociados a la informalidad y a deficiencias estructurales en la operación y supervisión de los actores y agentes involucrados. No creo que esta ley implique un cambio significativo en términos de prevención; más bien, parece ser una manera 'sofisticada' de facilitar que ciertos grupos de interés capturen el poder, aunque ahora lo hagan de forma más 'visible'", afirmó.
