García-Sayán sobre sentencia a integrante de La Insurgencia: "Los grupos extremistas han quedado notificados por la justicia"
¿Cómo afecta la difamación y el 'terruqueo' al periodismo en Perú? ¿Qué significa la sentencia contra 'Los Insurgentes' para la libertad de prensa? Descúbralo en este análisis con las reflexiones de Diego García-Sayán.
El martes 11 de febrero de 2025, el Poder Judicial sentenció a Benjamín Vidal Gil, integrante del grupo de ultraderecha 'Los Insurgentes', por el delito de difamación agravada en agravio del periodista Gustavo Gorriti Ellenbogen, a quien el 3 de febrero de 2024 acusó de ser “terrorista, amigo de terroristas y que contrata terroristas”. Vidal Gil deberá pagar 25 mil soles como reparación civil y cumplir con reglas de conducta. Esta decisión, como señala Diego García-Sayán en su columna en La República, era necesaria ante “las sistemáticas campañas difamatorias y de agresión provenientes de grupos extremistas, hasta ahora impunes”.
'Los Insurgentes' son conocidos por hostigar a políticos, intelectuales y periodistas disidentes. Han acudido al Instituto de Defensa Legal para lanzar insultos y amenazas, llevando incluso una banderola con el rostro de Abimael Guzmán, buscando desacreditar a Gorriti. El director del Instituto de Defensa Legal presentó una querella en marzo de 2023, admitida por la jueza Vilma Quispe Huamán, quien subrayó que “se ha llegado hoy en el Perú a niveles extremos de intolerancia y arbitrariedad”, como también denuncia García-Sayán, y que estas frases exceden la libertad de expresión y constituyen difamación agravada.
La sentencia destaca la protección a la labor periodística y sienta un precedente contra acusaciones infundadas que buscan silenciar a comunicadores. El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recalca que “el derecho al honor es parte esencial de los derechos fundamentales” y que el Estado debe garantizarlo, incluso con sanciones penales, como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos.
Paralelamente, el Ministerio Público investiga al grupo La Resistencia por acoso y coacción contra periodistas, fiscales y figuras públicas como Rosa María Palacios, José Domingo Pérez y Salvador del Solar. Esta decisión judicial reafirma la importancia de proteger el honor y la integridad en un contexto de creciente hostigamiento a la prensa y defensores de derechos humanos.
Relevancia de la sentencia en la defensa de la libertad de prensa
La sentencia contra Vidal Gil marca un hito en la defensa del honor frente a ataques infundados, enviando un claro mensaje a grupos extremistas que recurren a la difamación para amedrentar voces críticas. García-Sayán enfatiza que “la difamación constituye un delito castigado por la ley penal”, y este fallo no solo ampara la labor periodística, sino que también refuerza el compromiso del Poder Judicial con los derechos fundamentales.
La justicia, como señala el jurista, ha actuado “para proteger integralmente —y en serio— el derecho a la libertad de expresión, que no es lo mismo ni sinónimo de difamar”. Este caso demuestra que, como ya advirtió la Corte Interamericana en el caso Kimel vs. Argentina, las sanciones penales son legítimas cuando las expresiones difamatorias causan un daño grave al honor y la reputación de las personas, especialmente de quienes ejercen el periodismo en condiciones difíciles.
García-Sayán sobre la difamación y el 'terruqueo' de grupos extremistas
El connotado García-Sayán advierte que la práctica del 'terruqueo' —etiquetar falsamente a críticos como terroristas— ha sido una herramienta recurrente de grupos radicales como La Resistencia y Los Insurgentes para desacreditar opositores. “El 'terruqueo' no solo es un acto de difamación, sino un mecanismo de intimidación que atenta contra la libertad de expresión y el debate democrático”, señala en su columna.
Además, el también exministro de Relaciones Exteriores subraya que la difamación, cuando es usada con fines políticos o ideológicos, socava el Estado de derecho y crea un ambiente hostil para el periodismo. “La justicia debe ser firme ante estas prácticas que intentan instaurar el miedo como forma de silenciar”, escribe.
Finalmente, el exministro recalca que sentencias como la dictada contra Vidal Gil son vitales para frenar el avance de estas tácticas, insistiendo en que “sin un periodismo libre y sin miedo, la democracia no puede sostenerse”. Así, la resolución del Poder Judicial no solo castiga un delito, sino que también reivindica el derecho de la prensa a trabajar sin amenazas.