La presidenta Boluarte puso énfasis en los crímenes cometidos contra menores de edad, violaciones sexuales y otras agresiones que llegan hasta provocar la muerte de la víctima. Aseguró que es el momento de retomar el debate de la pena de muerte. Agregó que “no podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos”.
Es indudable que esta puesta en escena no es otra cosa que una estrategia para salir del debate de la cirugía plástica y los días que permaneció sin gobernar el país, producto de la convalescencia. Los ministros han seguido la pauta de mensajes que se elaboran a diario desde PCM y han querido replicar el mensaje para ver si logran imponer el tema como una gran cortina de humo sobre los demás. Allí estaban prestos el ministro de Interior y hasta el ministro de Economía para repetir la propuesta y pretender ordenar la comunicación gubernamental, tan venida a menos.
Lástima que los que elaboran los mensajes no se percataron primero, de la fecha. Lanzaron la propuesta el Dia Internacional de los Derechos Humanos, en el que se recuerda la obligación de los Estados de respetar los DDHH de todas las personas. Es el principal legado de la proclamación de la Declaración Universal (DUDH) en 1948. Ser tratados con respeto y dignidad no es un privilegio, es un derecho universal sin excepciones. No hay que olvidar que si abrazamos los Derechos Humanos y nos comprometemos a defenderlos, existen los casos de 50 peruanos asesinados por este gobierno al inicio de su mandato, sobre los que se ha pretendido primero negar la autoría y luego culpar a las víctimas, acusándolas de haberse matado entre ellas. Para proponer la pena de muerte de otros, no hay que tener las manos manchadas de sangre y menos, generar un clima de impunidad para los responsables directos y los autores intelectuales, aquellos que dieron las órdenes y que repitieron en cada plaza pública de Andahuaylas, Ayacucho, Cusco y Puno, el mismo libreto de sangre y balas.