Otra vez las ONG en la mira

Nuevamente el Congreso alista arremetida contra la sociedad civil.

Se trata del mismo argumento que provocó hace meses la respuesta contundente de 16 países amigos del Perú que impulsan acciones sociales fundamentalmente a través de las ONG. En ese momento se quiso instalar la narrativa que no existe suficiente control de la cooperación por lo que se hace necesaria una mayor supervisión.

Ese argumento fue rebatido por la UIF y por la propia APCI, que hacen una supervisión eficiente de los aportes de los países para la cooperación. Queda en claro que el objetivo es otro y lo que se busca es un mayor control de las declaraciones y participación de la sociedad civil en el desarrollo nacional y una censura a las investigaciones y a las posiciones que desde ese espacio, se hacen sobre diferentes acciones gubernamentales y del Congreso en materia de derechos humanos y tópicos tales como pobreza, hambre, derechos de la mujer, desnutrición, anemia infantil, etc.

Por ejemplo, las muertes ocurridas durante las protestas sociales de hace dos años fueron motivo de sendos informes de organismos internacionales de derechos humanos, que determinaron que en casos investigados en forma independiente, se habían cometido crímenes extrajudiciales. O el paquete de leyes procrimen aprobado por el Congreso y que violan tratados internacionales y estándares democráticos.

En realidad, se quiere menos evaluación de la marcha del gobierno y el Congreso, y mayor control de los informes y evaluaciones de la sociedad civil sobre acciones y decisiones que adoptan el régimen y sus aliados sobre la cada vez más fracturada democracia peruana.

Es evidente que leyes como las que promueven impunidad en los casos de lesa humanidad o que intentan relativizar la decisión autónoma de jueces y fiscales, van a encontrar una gran resistencia entre países democráticos que movilizan recursos para mejorar la calidad de vida y de las libertades que son inherentes a una democracia.

Por ello, es necesario que la sociedad civil defienda los espacios que pretenden ser menoscabados y limitados con este tipo de normas dirigidas a la censura y a establecer límites a la promoción de valores inherentes a sociedades libres, con garantías mínimas de justicia y pleno respeto a los derechos humanos.