La “innecesariedad” de generar gastos, por Mariela Noles Cotito
“Efectivamente, el uso de ellos y ellas no es la única forma de ser inclusivos en el lenguaje. El empleo de lenguaje incluyente también era una posibilidad...”.
Hace buen tiempo, y basado en un criterio de derechos humanos, el Estado se comprometió a adoptar una (hasta entonces) variación en el tipo de lenguaje oficial. Uno que afirma la existencia de personas que antes no eran nombradas explícitamente. Si cuando se decía “todos”, se incluía a todas, ¿por qué no hacerlo explícito? Parecía ser el razonamiento detrás; máxime cuando no hay detrimento en el lenguaje.
Al fin, no resta hacer explícito lo invisible. Y así, arribamos a lo que nuestros legisladores han llamado hace algunos días, el “desdoblamiento”. El uso de ellos y ellas para referirse a todas las personas. Una forma de hacer el lenguaje más inclusivo y nombrar en este a las mujeres. Ciertamente, una innovación.
Hoy el Estado retrocede en la decisión, innecesariamente. La iniciativa aprobada busca “precisar” el uso correcto del lenguaje inclusivo mientras dictamina su eliminación. No provee una fórmula de reemplazo o de “uso correcto” como anuncia. Si no que solo elimina la fórmula actual para el cumplimiento del mandato legal.
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Esto es problemático porque, siendo una norma que modifica la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Perú (LIO), el texto resultante queda más o menos así: Es el rol del Estado incorporar y promover el lenguaje inclusivo. El uso del lenguaje inclusivo no implica el desdoblamiento… ¿Entonces, qué implica?
Todas las autoridades a nivel nacional tienen la obligación de adoptar el lenguaje inclusivo, según el artículo 4 de la LIO. Este es un mandato que no se ha rescindido. Con esta modificación, sin embargo, el Congreso informa a todas las autoridades locales, regionales y nacionales que la fórmula que venían empleando desde el 2007 ya no es la correcta.
Esto quiere decir que ahora toca al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el reinvertir sus recursos para generar asistencias técnicas a nivel nacional sobre una nueva forma de lenguaje inclusivo que “ojalá” si sea del agrada del Congreso de la República. Así también, toca al Ministerio de Educación modificar el contenido de todos los textos correspondientes a los 12 grados de educación básica regular, asegurando su distribución a todo el territorio de la república.
Que el desdoblamiento es “innecesario” puede debatirse. Efectivamente, el uso de ellos y ellas no es la única forma de ser inclusivos en el lenguaje. El empleo de lenguaje incluyente también era una posibilidad —utilizar fórmulas como “la judicatura” en vez de “los jueces y las juezas” o “el profesorado” en vez de “las y los profesores”—, pero generar retrocesos en los procesos estatales y gastos caprichosos al Ejecutivo, en nuestro contexto actual, sí era innecesario.
