La perseverancia del amor, por Rosa María Palacios
“Cayara, con sus muertos y su miseria, no es un espejo en el que nos guste mirarnos. Pero ese también es el Perú. Hay una deuda que no se ha pagado con esas poblaciones”.
35 años después, el pasado viernes, se sentenció el caso Cayara. 16 soldados recibieron penas de 8 años. Dos oficiales, jefes de patrulla, 15 años cada uno. Se reservó proceso contra tres reos contumaces (entre ellos, el general José Valdivia Dueñas, prófugo desde el 2021 cuando se le condenó a 12 años por el secuestro de Gustavo Gorriti) y cinco acusados ausentes.
Cayara es un distrito rural, hasta hoy en el mapa de extrema pobreza, ubicado en la provincia de Víctor Fajardo, en la región Ayacucho. Sendero Luminoso llegó a controlar territorialmente esta zona asesinando autoridades y colocando “comisarios” propios. La población se encontró bajo una situación de terror, como se narra en detalle en el Informe de la CVR (Tomo VII, pagina 296 y siguientes). El 13 de mayo de 1988, Sendero Luminoso (con una columna de subversivos ajenos a la zona) atacó un convoy militar cerca de Erusco, comunidad cercana a Cayara, asesinando a 4 militares y dejando graves a 15 efectivos.
El operativo militar de respuesta, con escasa o nula inteligencia, llamado ‘Persecución’, se realizó en los tres días siguientes con una serie de asesinatos indiscriminados en Cayara y zonas cercanas. Sin embargo, ahí no acabó el caso. En los meses de junio hasta diciembre, las actividades de encubrimiento de los hechos, que llegaron a ser denunciados por los sobrevivientes, dieron lugar a más asesinatos y desapariciones. La CVR da cuenta de un total de 39 fallecidos a manos del Ejército. Muchos jamás encontrados. Se imputa a patrullas militares haber desenterrado varios cadáveres para llevarlos a otra locación con el propósito de ocultar las pruebas de sus crímenes.
Como suele suceder hasta nuestros días, las primeras investigaciones fiscales, militares e incluso del Senado (en mayoría) exoneraron a los militares señalando que las muertes se habían producido en enfrentamientos armados con subversivos. Solo un fiscal, Carlos Escobar (luego perseguido y maltratado), pudo reunir evidencia útil y necesaria para que este caso finalmente obtuviera justicia. Entre los asesinados se encontraban cinco personas dentro de la iglesia, mayordomos de la fiesta de la Virgen de Fátima cuya anda estaban desarmando. La matanza continuó separando a hombres de mujeres, asesinando a estos mientras ellas huían con sus hijos.
El viernes, mientras escuchaban la lectura de la sentencia, hablé con una víctima. Tenía en ese entonces 6 años. Pedía que le digan dónde enterraron a su padre. No lo sabe. El alcalde, con quien también hablé, me dijo que hoy son 1.400 habitantes. Muchos se fueron para nunca volver. No tienen agua ni desagüe ni infraestructura de riego. Viven del acopio de lluvia. El Estado le transfiere 40.000 soles mensuales. Eso es todo, en una zona donde no hay canon minero. Menos de lo que cuesta un solo congresista al año. Con las justas para remuneraciones y pequeños servicios, aunque no tiene ni para recoger basura. “¿Sabe cuál es la justicia que pedimos hoy para Cayara?”. Me dijo: agua.
A esta hora no sabemos si los sentenciados cumplirán efectivamente su condena. La sentencia fue virtual, así que no se detuvo a nadie en el juzgado. Algunos soldados cumplieron un año de prisión preventiva, otros dos. Tratándose de graves violaciones a los derechos humanos, no hay prescripción y los beneficios penitenciarios son mínimos. Como en tantos otros casos, algunos huirán y otros, pocos, enfrentarán su condena y pagarán por lo que hicieron.
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La tragedia de terror en la que vivimos tendría que dejar lecciones al país. Cayara, con sus muertos y su miseria, no es un espejo en el que nos guste mirarnos. Pero ese también es el Perú. Hay una deuda que no se ha pagado con esas poblaciones. Dotar de lo básico es una necesidad postergada por la corrupción, la demagogia, el populismo y la impericia. ¿Qué tanto puede costar sacar a las 500 comunidades rurales mas pobres del Perú de esta situación brutal?
Lecciones de justicia también las hay. Este Gobierno y la sociedad peruana tienen que entender que el amor nunca muere. 49 víctimas por proyectil de arma de fuego del Ejercito y la Policía Nacional tienen familias que van a pelear por ellos como esa niña de 6 años que a los 41 escuchaba la sentencia a los asesinos de su padre y que seguirá buscando su cadáver hasta que lo encuentre. Es en la perseverancia del amor donde está nuestro mejor país. Ese que jamás olvida a los suyos.
