Ser juez en el Perú
Su independencia es fundamental para el ejercicio de la democracia.
La justicia es la esperanza más sentida de las personas. Se trata de un derecho central del cual derivan otras libertades. Su vigencia demanda plena independencia y su ejercicio es vital para la existencia de la democracia.
En el Perú, la vida de la República se produce en paralelo a la instalación de un sistema de justicia. Entendiendo don José de San Martín está situación, después de la proclamación de la Independencia, procedió a implementar la Cámara de Justicia de Lima. En los hechos, esta institución reemplazaba a la Real Audiencia Española y a los oidores, que ejercían la administración de la justicia en nombre del rey de España.
“En los Estados libres, el culto a la justicia es una de las garantías del orden social”, señalaba el libertador. Agregaba también que “su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo”.
La historia peruana ha estado marcada por la profunda tensión entre quienes han defendido este ejercicio libre y separado del poder político, y que le garantiza la autonomía e independencia necesarias; y de las presiones autoritarias para convertir en subalterno este poder del Estado y ponerlo bajo la subordinación del Gobierno militar.
El Perú se ha mantenido en ese movimiento pendular a lo largo de su historia, razón por la que en sus dos últimas Constituciones se ha reafirmado el poder civil en pleno control y administración de la justicia, garantizando su independencia, y manteniendo al poder militar sin rol delibertante y sujeto bajo el control político.
En el contexto actual, esa independencia está en riesgo. Hay algunas intentonas desde el Congreso de la República para coartar la libertad de criterio que ejercen los jueces y fiscales. Se ha sancionado ya a una fiscal suprema por aplicar su criterio jurídico y se está amenazando a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, con acusaciones constitucionales y la posibilidad de inhabilitación.
En el Día del Juez hay que recordar el esfuerzo republicano por la independencia y la autonomía judiciales y tratar de preservarlas de las fuerzas oscuras y autoritarias que tratan de menoscabar su ejercicio, afectando con ello la libertad del pueblo. Sin justicia, no hay democracia.