Toma ciudadana, por Lucia Solis
‘‘Ahora, la Policía, (…) coloca puestos de registro para las personas que lleguen a Lima a participar de las movilizaciones (…) como si el derecho al libre tránsito no existiese, como si quienes se manifiestan no fuesen ciudadanas y ciudadanos, sino invasores’’.
Es curioso lo que genera la expresión ‘‘tomar’’ cuando esta no es funcional a los poderes hegemónicos. La Tercera Toma de Lima, por ejemplo; aún no ha ocurrido y ya ha sido terruqueada y estigmatizada a causa del racismo y el clasismo sistémico que surge apenas las personas que, por años, han sido usadas como utilería para hablar de una nación hermana, reclaman por cambios estructurales.
Ahora, la Policía, responsable —de acuerdo a Human Rights Watch — de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas que empezaron en diciembre de 2022, coloca puestos de registro para las personas que lleguen a Lima a participar de las movilizaciones convocadas para el próximo miércoles 19 de julio. Como si la capital no fuera de todas las peruanas y peruanos, como si el derecho al libre tránsito no existiese, como si quienes se manifiestan no fuesen ciudadanas y ciudadanos, sino invasores.
A pesar de las acciones del Gobierno para infundir terror en gran parte de la población y disuadir las protestas legítimas en una democracia, donde el simple acto de manifestarse conlleva el riesgo de ser herido, asesinado o detenido arbitrariamente, la convocatoria está movilizando a un gran número de personas, lo que demuestra la resistencia ante la represión.
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Decir, simbólicamente, que se va a ‘‘tomar’’ algo como un espacio determinado, una ciudad o derechos no reconocidos, significa reapropiarse de lo que se ha negado sobre una base que deshumaniza, desprecia y excluye a los ‘‘nadies’’, aquellos a quienes Boluarte juró defender en su discurso por 28 de julio hace casi un año.
Las estrategias utilizadas para desacreditar la Tercera Toma de Lima son peligrosamente conocidas: el terruqueo, el alarmismo y el desdén a las demandas de la ciudadanía. Esta última, que parece no ser reconocida como tal, al punto de que la PNP es la que decide quiénes pueden o no protestar.
Pero la capital no es la discoteca a la que se entra según los rasgos físicos y el color de la piel; es la ciudad de todas y todos los peruanos que gritan, resisten y piden, aun con la amenaza de la represión, la renuncia de Dina Boluarte.