Blindajes a granel
Congreso de la República protege a acusados de haber recortado sueldos de sus empleados.
En los últimos momentos de la legislatura, el Congreso puso todo su empeño en librar de denuncias y potenciales sanciones a los parlamentarios acusados de delitos por el recorte y apropiación de los salarios de sus trabajadores.
Es el caso de Rosio Torres Salinas, congresista de Alianza para el Progreso (APP) sobre la que pesaba un documentado caso de recorte de sueldos y que incluso fue expulsada de su organización política según el propio fundador, César Acuña, pero recibió el respaldo de sus colegas, quienes modificaron el pedido de suspensión en su contra por una amonestación con multa.
Hay otros favorecidos con las votaciones alcanzadas en la Comisión de Ética, una suerte de “casa del jabonero” en la que el que cae sale liberado de toda acusación. Se trata de Katy Ugarte, que tenía un proceso por haber despedido injustificadamente a una empleada que estaba en gestación. Llevado el caso por el grave hecho a votación, fue enviado al limbo de las denuncias, por las abstenciones.
En el caso de José Arriola, de Acción Popular, otro ‘mochasueldos’, las abstenciones también lo salvaron de ir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y ahora su cuestión se encuentra en reconsideración, por lo que no podrá ser sancionado en la instancia correspondiente.
Para cerrar una legislatura plagada de vicios, excesos, blindaje y prepotencia de una falsa mayoría armada con la suma de los extremos ideológicos como son el fujimorismo y el cerronismo, el parlamentario José Luna de la bancada de Podemos Perú —sobre quien pesa una acusación grave por delito electoral— presentó un proyecto en el que se plantea elevar el número de votos requeridos para suspender congresistas que hayan transgredido las normas.
Casi una alegoría de la dictadura congresal en la que vivimos y que tendrá que ser respondida por los ciudadanos, en demanda de respeto a la institucionalidad y en defensa del Estado de derecho.
No se puede ni se debe admitir estos excesos del Congreso de la República, dotado ilegalmente de un poder omnímodo. Debemos decir basta de blindaje para los 130 parlamentarios que mantienen un 6% de aprobación en las calles.