La fotografía de mayo
Se ahonda el desprestigio de los dos poderes del Estado: Legislativo y Ejecutivo, según encuesta del IEP.
La desaprobación del Legislativo se mantiene en niveles tan altos como los registrados el mes pasado, alcanzando el 94% en las regiones del sur peruano. Este deterioro es similar al que mantiene el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que apenas cuenta con un respaldo del 15% de la población. Estos resultados se desprenden de la encuesta del IEP correspondiente a mayo que publica La República.
La aprobación del Congreso es de 6%, aunque hay un nuevo bajón en Lima Metropolitana (4%). En la capital se concentra uno de los niveles más altos de desaprobación (92%) para los congresistas, comparable solo al del sur, de 94%. El promedio general de desaprobación es de 90%.
La presidenta Dina Boluarte mantiene una desaprobación de 79%, similar al mes anterior. En el sur esta cifra crece hasta alcanzar el 87%. Es decir, de cada 10 peruanos, 8 de ellos no respaldan la labor de la mandataria.
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También continúa alta la expectativa por nuevas elecciones en las que se sustituyan tanto a las autoridades congresales como a todo el Gobierno. El 82% respalda esta iniciativa, pese a que tanto por parte del Parlamento como del entorno presidencial, el tema ha sido desterrado de la agenda.
Pero hay una voluntad de sobrevivir a la baja popularidad, a la profunda crítica y a los continuos informes tanto desde la sociedad civil como de los propios organismos internacionales, que dan cuenta de operaciones autorizadas desde el más alto nivel para segar la vida de por lo menos 49 personas en los disturbios de diciembre del 2022 y los primeros meses de este año.
Sugieren los especialistas que esta iniciativa ciudadana de cambio total de autoridades muestra a las claras la falta de legitimidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pese a los intentos de ambos de recuperar presencia y mando y garantizar su permanencia, a como dé lugar, hasta el 2026.
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El juicio público sobre los crímenes cometidos por el Estado contra ciudadanos indefensos es también muy claro. Mayoritariamente, la ciudadanía considera que hubo violación de los derechos fundamentales y que se atentó contra la vida de civiles durante las protestas. La falta de alternativas políticas para que se produzca la renovación de autoridades nos coloca en un peligroso callejón sin salida, con autoridades que carecen de legitimidad y que, adicionalmente, tratan de escapar de su responsabilidad política.