Racismo letal
Se presentó el informe final de Amnistía Internacional sobre violencia en el Perú.
Anoche se dio a conocer el informe final de Amnistía Internacional (AI) sobre el caso del Perú, durante los graves hechos de violencia ocurridos entre diciembre del 2022 y febrero de este año. El resultado del documento da luces sobre lo ocurrido. Para la organización defensora de los derechos humanos a nivel mundial, las autoridades peruanas habrían llevado a cabo ataques generalizados contra personas que se manifestaban, con un marcado sesgo racista.
“Estos ataques consistieron, principalmente, en ejecuciones extrajudiciales y muertes arbitrarias a través de un uso generalizado de munición letal para reprimir las protestas”, concluye el documento final del organismo de categoría global.
Amnistía Internacional recalca que existió un clima de tolerancia a nivel gubernamental frente al fallecimiento de los compatriotas. “Los mandos con posibilidad de tomar medidas para detener las muertes no hicieron lo necesario y toleraron que la cifra de personas fallecidas ascendiera a 48 en dos meses”.
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Esta falta de iniciativa no fue un error o una negligencia. “Lejos de tratarse de hechos aislados o de funcionarios actuando por su cuenta, el análisis apuntaría a una política estatal coordinada y consciente”, indica tan importante documento.
Amnistía Internacional presentó su expediente 2023 sobre el Perú, en una conferencia de prensa en Lima, con la asistencia de los representantes a nivel mundial y regional de la organización, además de la presencia del equipo nacional de la entidad que agrupa en 150 países del orbe a 10 millones de activistas.
La exigencia central de AI es que la Fiscalía de la Nación aplique una investigación independiente, que debe llegar hasta los niveles más altos del poder en nuestro país para identificar a los responsables de los trágicos sucesos y aplicarles una ejemplar sanción conforme a la ley.
Se ha conocido que después de haber transcurrido más de tres meses de los acontecimientos en cuestión, se produjo ya la citación a la presidenta de la república, Dina Boluarte, para que realice sus primeras declaraciones sobre los hechos. La fecha tentativa sería el 1 de junio.