Opinión

La corrupción cuesta

Estudio de Contraloría determina pérdida de 24 mil millones de soles en el 2022.

EDITORIAL
EDITORIAL

El Observatorio Anticorrupción de la Contraloría realiza periódicamente un estudio denominado “Estimación de la corrupción e inconducta funcional” en el que se confeccionan rankings sobre, por ejemplo, las regiones con mayor incidencia de este mal endémico que corroe la administración del Estado, como es la corrupción.

En el 2022, este ranking lo encabezaba Moquegua con un 24% de mayor incidencia de casos, seguido por La Libertad con 20,2%, Apurímac con 18,5% y Huancavelica con 18,2%. Siguen en la lista Áncash con 17,5%, Arequipa con 17,4%, Cusco con 16,5% y Lambayeque con 15,8%.

En otro estudio del Observatorio de la Contraloría se puede verificar el perjuicio económico que ha causado la corrupción por territorio. En Lima Metropolitana, la corrupción ha provocado una pérdida del orden de los 7 mil 648 millones de soles. En regiones, encabeza Cusco con 1,601 millones de soles; Áncash con 1,381 millones de soles; Piura con 1,337 millones de soles. En las lista figuran La Libertad seguida de Arequipa y Cajamarca, entre otras.

En total, lo que representó el 2022 en pérdidas originadas por la corrupción suman 24 mil 419 millones de soles. Es decir, un 13,4 % del Presupuesto Nacional.

Este es el cuarto informe de este tipo que elabora la Contraloría y ha permitido establecer que una de las mayores fuentes de corrupción se ubica en el Gobierno central, en el que se agrupa el 50% de los casos denunciados. Un rubro importante en el que se presentan la mayoría de estas malas prácticas es el de personal, seguido por inversiones.

Se calcula que un promedio de 13 soles de cada 100 del Presupuesto se pierden por malos manejos. Se trata de una cifra que muestra el nivel alcanzado por el cáncer de la corrupción en el aparato estatal y coloca en la agenda pública la necesidad de controlarla y reducirla sistemáticamente.

Además de las labores de la Contraloría, se requiere la colaboración de autoridades nacionales, regionales y locales para, de la mano con la ciudadanía, tomar esta bandera de la lucha contra la corrupción para combatirla y erradicarla.