No a la delincuencia política
Sumada al delito común, agrava la inseguridad.
Un grupo de desadaptados que tienen respaldo político y financiamiento para organizar estos actos delictivos y que cuentan también con la aparente complicidad –por permanente omisión– del Gobierno, la Policía, la Fiscalía y la mayoría congresal irrumpieron ayer en las instalaciones del IDL-Reporteros y del Instituto de Defensa Legal (IDL), pusieron en peligro a sus ocupantes y afectaron las actividades que se venían desarrollando en el interior.
Todos los desmanes del autodenominado grupo ‘La Resistencia’ ocurrieron sin que la Policía hiciera nada por impedirlo. Por el contrario, para que pudieran arrojar basura y lanzar objetos incluso bombardas al interior de la sede del IDL-Reporteros e IDL, los agentes desviaron el tráfico.
Hace años se ha denunciado a estos vándalos, cuyos rostros e identidades ya han sido plenamente establecidos, sin que hasta el momento el Ministerio Público o las autoridades del Gobierno hagan algo para impedir sus desmanes. Sus víctimas: autoridades electorales, periodistas, artistas, políticos, personalidades, que tienen en común no identificarse con la línea política y la ideología que defienden el fujimorismo y sus aliados, entre ellos la derecha más irracional y retardataria.
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En un momento en el que la delincuencia ha ganado las calles y que la extorsión, el sicariato, los asaltos, agravan la seguridad ciudadana desde el poder –incapaz de controlar el desborde criminal– se alienta este delito, que aporta más descontrol y más violencia a la precaria situación que se vive en Lima y las principales ciudades del país.
El despliegue policial con que este Gobierno respondió a las movilizaciones y protestas ciudadanas ha desaparecido frente a la amenaza delictiva. Es inaceptable que se ampare y se proteja a estos bárbaros, por la voluntad inoperante y consciente de las autoridades de turno, que visiblemente mantienen vínculos e intereses comunes con sus mentores.
La solidaridad de La República con el IDL-Reporteros y el Instituto de Defensa Legal (IDL) es firme y consecuente. Y por esta razón, exige al Gobierno que intervenga para que cesen de inmediato estas amenazas contra la tranquilidad y seguridad de la institución y sus integrantes. Una actitud complaciente con esta banda de delincuentes solo confirmará la alianza cómplice que parece estar detrás de tanta impunidad.