Cien primeros días, por Omar Cairo
“Aparentemente, el mensaje más claro de la presidenta y de los congresistas hacia la ciudadanía, en estos cien primeros días, es que pretenden permanecer en sus cargos, a cualquier costo, hasta el 28 de julio de 2026”.
Por Omar Cairo. Magíster y profesor en Derecho Constitucional, PUCP.
La mañana del pasado 7 de diciembre, inmediatamente después de leer el mensaje que contenía su golpe de Estado, Pedro Castillo, por mandato del artículo 46 de la Constitución, perdió la condición de presidente constitucional. En la tarde, Dina Boluarte asumió válidamente la presidencia. Existía la esperanza de que su gestión se pareciera más al gobierno de la chilena Michelle Bachelet, que al cruento desgobierno de Isabel Perón en Argentina (1974-1976).
Hoy, transcurridos sus cien primeros días, el Gobierno de Dina Boluarte viene desarrollando una campaña internacional por la defensa de la imagen democrática del Perú y su compromiso con los derechos humanos. Sin embargo, la triste realidad no ha demorado en abrirse paso.
La investigación realizada por uno de los diarios más influyentes en el mundo –The New York Times– llegó a la conclusión de que, durante cinco semanas, “las fuerzas de seguridad de Perú” respondieron “las protestas antigubernamentales” disparando “rifles de asalto contra los manifestantes que huían”, y ocasionando “la muerte de personas desarmadas que estaban a cientos de metros de distancia”.
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La responsabilidad política por esta masacre (diferente de la responsabilidad penal) les correspondía a los ministros de Defensa y del Interior. La presidenta debió hacerla efectiva, destituyéndolos, luego de la matanza de 10 compatriotas ocurrida en Ayacucho, el 15 de diciembre pasado. Pero, inexplicablemente, no lo hizo. Por el contrario, promovió al ministro de Defensa, convirtiéndolo en presidente del Consejo de Ministros. Casi un mes después, el 9 de enero, la represión gubernamental causó la muerte de 18 civiles más. Otra vez, los ministros permanecieron en sus cargos.
En otro ámbito de la vida nacional, en estos cien primeros días, el Senamhi informó que el ciclón Yaku influía en las lluvias extremas en la costa y sierra norte. También anunció que se esperaba que contribuyera a intensificar las lluvias en La Libertad, en Lima y en Áncash.
Cuando se concretó la desgracia (huaicos, desbordes, inundaciones), la respuesta de la presidenta –quien, como vicepresidenta y como ministra formó parte del gobierno anterior– fue desconcertante: “no tenemos maquinarias, no tenemos motobombas, no tenemos cómo afrontar estas lluvias naturales porque se abandonó realmente al Estado”, lamentó.
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En medio de la emergencia climática, la ministra de Salud viajó a Washington. El viceministro del sector, quien permaneció en el país, decidió realizar una vista a Ayacucho. No esperaba ser expulsado de un restaurante por un grupo de ayacuchanos que lo vieron sentado en una mesa, cerca de una botella de vino. Fue separado de su cargo, pero después se excusó declarando que le habían pedido “hacer un brindis por la ministra”. Desde Estados Unidos, la titular del sector (entrevistada por una emisora radial) pidió “mil disculpas” por encontrarse fuera del país. Si “se sintieron ofendidos”, precisó.
El Congreso de la República, por su parte, viene justificando de manera consistente el rechazo que recibe del 90% de la población. Durante esta emergencia climática, cuatro de sus integrantes decidieron viajar –con pasajes y viáticos pagados por todos los peruanos– al reino de Baréin, en el Golfo Pérsico, para participar en la 146° Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP). Mientras tanto, en Lima, el Parlamento instaló una carpa en la plaza Bolívar para “pedir” donaciones a los ciudadanos.
A pesar de esta triste realidad política e institucional, el Congreso continúa negándose a aprobar la reforma constitucional que disponga el adelanto de las elecciones presidencial y parlamentaria. Aparentemente, el mensaje más claro de la presidenta y de los congresistas hacia la ciudadanía, en estos cien primeros días, es que pretenden permanecer en sus cargos, a cualquier costo, hasta el 28 de julio de 2026.
