Universidades seguras, por Eliana Carlin
“A final de 2021, 29 universidades contaban con un reglamento para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual”.
Por Eliana Carlin Ronquillo, politóloga y Mag. en Políticas Públicas
Según la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES) del 2019, el 58.9% de personas a nivel nacional tolera la violencia hacia las mujeres. El 33.2% considera que si una mujer es infiel merece alguna forma de castigo y el 15.1% considera que el varón tiene “derecho a usar la fuerza para corregir a su esposa o pareja si ella coquetea con otros”. Esta realidad violenta afecta todos los ámbitos de nuestra sociedad, y las comunidades universitarias no son la excepción.
La Ley Universitaria (Ley n.° 30220) aprobada en 2014 establece algunas medidas básicas para afrontar esta problemática dentro de las universidades, como la separación preventiva de docentes con procesos administrativos por presunto hostigamiento sexual, así como la posterior destitución en caso se confirmen las acusaciones y se procede a la sanción. En el 2019 hubo un importante avance en la búsqueda de una educación superior segura, con la aprobación de los “Lineamientos para la elaboración de documentos normativos internos para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria”. La Ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” también menciona de manera general las medidas a tomar en relación a víctimas de violencia dentro de espacios educativos. Sin embargo, estas normas constituyen solo el inicio de una larga ruta que debe ser recorrida por las universidades, con el compromiso de sus autoridades.
A final de 2021, 29 universidades contaban con un reglamento para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual, avance liderado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu. Pese a este progreso normativo, los resultados preliminares de la Encuesta de Estudiantes de Educación Superior (MINEDU, 2019), con respuestas de estudiantes de 17 universidades públicas, demostró que el 3% de estudiantes manifiestan haber sido víctimas de actos de hostigamiento sexual por parte de algún miembro de la comunidad universitaria. El 64% son mujeres y solo el 12% reportaron haber realizado alguna denuncia. Otro dato preocupante es que el 23% reporta haber sido hostigado/a por un/a docente, mientras que 59% ha sufrido hostigamiento por parte de otro/a estudiante.
La naturaleza formativa de la universidad excede largamente la transmisión de saberes técnicos o el lucro el caso de las universidades-empresas. Ni siquiera las universidades-empresa son únicamente empresas, sino que pretenden formar ciudadanas y ciudadanos responsables, que aporten a la sociedad con espíritu crítico, ética pública y rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación (Ley 30220). Por ello, la construcción de espacios de educación superior seguros, y el abordaje tanto de los casos de hostigamiento sexual como de los distintos tipos de violencias, requiere un tratamiento acorde a las características de los miembros de la comunidad universitaria, tanto docentes, como administrativos, estudiantes y personal de apoyo.
Finalmente, es importante mencionar que un porcentaje de estudiantes universitarios son adolescentes, e incluso hay miembros de las comunidades universitarias que son menores de edad. Este momento en el desarrollo personal requiere de una atención especial por ser particularmente complicado para las y los jóvenes, así como por la verticalidad de las relaciones de poder respecto a docentes o autoridades, que son relaciones en las que una de las partes involucradas presenta una importante vulnerabilidad. Es momento de tener en las universidades los motores para la construcción de una sociedad más segura, protegiendo y formando a la juventud para dicha construcción.