Un balance necesario, por Mariela Noles Cotito
“El Poder Judicial, como ya lo había hecho antes, emitió una serie de sentencias que desconocen el derecho de las mujeres peruanas a la integridad personal y a la protección frente a las violencias contra nuestros cuerpos”.
Profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la U. del Pacífico.
Hacer un balance sobre los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en el país durante el último año es una tarea algo desoladora. En contraste con lo que un sector de la población piensa, o ha sido llevada a pensar, el derecho internacional de los derechos humanos no es parte de una conspiración global para dominar al país. Se trata de un régimen jurídico que tiene a las personas y su máximo desarrollo como fin último. Así, son universales y se asientan en la dignidad de la persona.
De acuerdo a nuestra Constitución Política, el Estado está obligado a proteger y garantizar estos derechos para todos y cada uno de nosotros. Antes bien, en el último año, muchas de las instituciones gubernamentales han fallado en esta tarea.
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El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de nuestra carta magna, afirmó que es posible no reconocer derechos a ciertos ciudadanos con base en su orientación sexual y desconoció el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.
Nuestro Congreso de la República, cuyo rol incluye la garantía de nuestros derechos mediante su labor legislativa, no se quedó atrás: rechazó ratificar, nuevamente, el Acuerdo de Escazú, que establece un régimen reforzado para la protección del ambiente y de los defensores ambientales; y aprobó una norma que debilita la enseñanza de la igualdad de género y la educación sexual integral en la educación básica regular; que, además, no fue observada por el Ejecutivo.
Finalmente, el Poder Judicial, como ya lo había hecho antes, emitió una serie de sentencias que desconocen el derecho de las mujeres peruanas a la integridad personal y a la protección frente a las violencias contra nuestros cuerpos.
Algunos tímidos avances han podido identificarse también. La tardía pero necesaria apertura del proceso penal en el caso de esterilizaciones forzadas, la nulidad de la expulsión arbitraria de la activista venezolana Paulina Facchin, la aprobación de lineamientos para el otorgamiento y prórroga de la calidad migratoria humanitaria para solicitantes de refugio y otras personas en situación de movilidad, y la aprobación de la política multisectorial para las niñas, niños y adolescentes.
El balance, sin embargo, no es positivo; sobre todo en lo que respecta a la garantía de los derechos de los grupos sociales que más exclusión y violencia soportan. Esperemos seguir un mejor rumbo pronto, y que el dejar a nuestros conciudadanos y conciudadanas atrás no se vuelva una marca de nuestro bicentenario.