Extinción de LEGADO: Un riesgo innecesario en vísperas de los Juegos Bolivarianos y Panamericanos
A propósito de la cancelación del Proyecto Especial Legado por parte del Gobierno, el abogado Miguel Ángel Dávila hace un análisis de las consecuencias de esta decisión.
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Por: Miguel Ángel Dávila
El día de ayer, miércoles 12 de febrero de 2025, sin previo aviso, la Presidencia del Consejo de Ministros ha remecido el mundo deportivo peruano, al anunciar sorpresivamente un Decreto Supremo mediante el cual se aprueba la extinción del Proyecto Especial Legado (LEGADO), en vísperas de los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Ahora bien, para entender lo que acaba de suceder, es importante comprender qué es LEGADO. En resumen, se trata de una institución pública creada en el año 2020, encargada de mantener y administrar las infraestructuras que se construyeron en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Su principal característica era ser una entidad autónoma desde un punto de vista técnico, financiero y administrativo, que garantizaba un nivel óptimo de los complejos deportivos, para la práctica del deporte de alto rendimiento de los atletas y del deporte recreativo de los deportistas.
Inicialmente, esta entidad estaba adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero en el año 2023 fue agregada a la PCM, lo que no alteró su autonomía, por el contrario, le brindó una posición estratégica dentro del complejo organigrama del Estado Peruano, al facilitar las coordinaciones con cualquier institución pública o privada.
Como es de imaginarse, a nivel nacional e internacional, LEGADO ha sido citado en muchos países de la región como un ejemplo de buenas prácticas, en la que un Estado facilita la gestión y administración de bienes públicos, simplificando engorrosos trámites burocráticos de una entidad pública ordinaria, al otorgarle autonomía y además adscribirla a la PCM.
Prueba de ello, es que el Perú ha sido elegido para organizar los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027. Es decir, desde afuera somos vistos como un país serio, capaz de organizar grandes eventos deportivos internacionales, pero sobre todo con infraestructura de primer nivel que se ha conservado exitosamente hasta el día de hoy.
Esto es importante destacar, puesto que no cualquier país organiza dos juegos panamericanos en menos de 10 años. Efectivamente, aunque no sea del todo evidente, lo más difícil para cualquier estado, no es la construcción de un complejo deportivo, lo más difícil es mantenerlo en óptimas condiciones y hacerlo rentable, que es precisamente, lo que LEGADO ha logrado.
Sin embargo, como se indicó al inicio de esta columna, la PCM ha aprobado la extinción de LEGADO para transferir la totalidad de sus funciones y atribuciones al Instituto Peruano del Deporte (IPD), señalando que esto se debe hacer para evitar la duplicidad de funciones y la optimización de recursos del Estado.
Antes de continuar, es preciso resaltar, o si se quiere reiterar, que esto no significa que las infraestructuras, que hemos heredado de los Juegos Panamericanos 2019, van a desaparecer, como distintos medios de comunicación e “influencers” afirman.
Empero, es indiscutible que se trata de un riesgo totalmente innecesario que el Perú no puede permitirse, luego de todo lo que ha costado ganarnos la confianza de Organización Deportiva Panamericana, más conocida como PANAM SPORTS.

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¿Por qué es un riesgo innecesario?
En primer lugar, LEGADO es una entidad pública que ya funciona, es perfectible ciertamente, pero todos estamos de acuerdo en que no se encuentra en una fase de prueba, además que posee protocolos y directivas claras, que son conocidas por todas las personas que forman parte de esta institución.
Desaparecer esta institución, para trasladar todas sus funciones y atribuciones al IPD, teniendo en cuenta los ya mencionados juegos bolivarianos y panamericanos en el calendario próximo, resulta insensato, por decir lo menos, puesto que el tiempo que va a tomar adaptarse al IPD para administrar “correctamente” todos los complejos deportivos es una incógnita, una apuesta, una ruleta…una incertidumbre total.
En segundo lugar, la nueva entidad que va a reemplazar a LEGADO va a depender del IPD, que a su vez depende del Ministerio de Educación (MINEDU).
Dicho de otro modo, no será posible que esta nueva entidad cuente con la misma autonomía técnica, financiera y administrativa de LEGADO, ni mucho menos con su posición estratégica antes evocada por estar adscrita a la PCM. Esto se va a traducir necesariamente en más burocracia, más tiempo y más retrasos.
En tercer lugar, salvo contadas excepciones, como el Estadio Nacional, por mencionar una (que de todas formas muchos consideran que no se encuentra bien administrado), la experiencia nos indica que el IPD no es el mejor administrador de bienes del Estado Peruano o más específicamente, complejos deportivos. Es cierto que dentro de una de sus funciones el IPD se encuentra facultado para realizar esta tarea, pero en la práctica no ha sido capaz de hacerlo de manera tan eficiente como LEGADO.
En cuarto lugar, en el deporte los plazos son muy cortos, cada ciclo olímpico dura solo cuatro años, a ello debe sumarse que las carreras de los atletas duran pocos años, por la misma naturaleza de la competencia de alto rendimiento. Consecuentemente, agregar más burocracia e incertidumbre al sector deportivo es un sinsentido.
Por todo lo antes dicho, la PCM está poniendo en riesgo de forma totalmente innecesaria no solo el mantenimiento y la administración eficaz de la infraestructura deportiva de nuestro país, sino también lo más importante, el futuro de nuestros atletas de alto rendimiento y el de las personas que practican deporte recreativo.
Miguel Ángel Dávila
Abogado inscrito en los colegios de abogados de Lima y París. Máster en Derecho, Economía y Gestión del Deporte por la Universidad París I Panthéon. Árbitro en el Tribunal Arbitral del Deporte en Suiza. Árbitro en la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol. Presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Rugby. Profesor y Conferencista de Derecho Deportivo. Exjugador de la selección nacional de rugby del Perú. Socio Fundador de Winter – Dávila & Associés.