El ciclismo y un clima de "sospecha latente" con respecto al dopaje
Controles reforzados, prohibición del monóxido de carbono, fraude tecnológico... En el arranque de la temporada ciclista 2025, la lucha antidopaje continúa persiguiendo a los tramposos en un deporte que se mantiene sumergido en "un clima de sospecha latente".
Veintisiete años después del 'caso Festina' y doce desde la confesión de Lance Armstrong, el ciclismo, a pesar de no haber sufrido grandes escándalos estos últimos años, sigue marcado por el que fue su problema número uno, que incluso amenazó con sepultarlo.
"Es un deporte difícil, duro y uno de los que puede estar más expuesto a las tentaciones", subrayó el mánager del equipo Groupama-FDJ Marc Madiot.
Las exhibiciones de Tadej Pogacar en el Tour de Francia 2024 y de Jonas Vingegaard el año precedente provocaron dudas. Preguntados en varias ocasiones, ambos negaron con rotundidad haber recurrido a sustancias prohibidas.
"No hay confianza y no sé lo que podemos hacer para recuperarla", señaló Pogacar en octubre, añadiendo que "quizás dentro de algunas generaciones la gente va a olvidar el pasado, a Armstrong y lo que hicieron en aquella época".
Pogacar y Vingegaard tuvieron que defenderse de la inhalación de monóxido de carbono que permite reproducir los beneficios de las concentraciones en altitud, pero que podría tener efectos dopantes con una utilización incorrecta.
- 75 corredores suspendidos -
"Polémica sensacionalista", zanjó Jeroen Swart, coordinador de rendimiento en UAE, el equipo de Pogacar, explicando que es "una técnica muy extendida" que su equipo no utiliza más porque los tests no han sido concluyentes.
Sin embargo la Unión Ciclista Internacional (UCI) pidió a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) prohibir la inhalación de este gas potencialmente letal, animada por el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), que insiste en la necesidad de mantener "la luz encendida" en un "clima de sospecha latente".
En su último boletín, publicado en septiembre, el MPCC, que reagrupa a siete equipos del World Tour (primera división), identificó a 75 ciclistas con licencia profesional que están actualmente suspendidos por dopaje, con una media de entre 15 y 20 casos nuevos por año.
La mitad de estos corredores competían, en el momento de su control, en la categoría 'Continental', la tercera división mundial, donde los ciclistas, a diferencia de las dos divisiones superiores, carecen de un pasaporte biológico, "una de las claves de la lucha antidopaje", según el MPCC.
Colombia, con 16 corredores suspendidos, es el país más afectado. La EPO, sustancia que estuvo en el centro del 'caso Festina', sigue siendo la la primera descubierta en los controles (25%) por delante de los esteroides (13%).
Solo el 8% de los implicados están en el World Tour, la élite del ciclismo mundial, que agrupa a la mayor parte de los participantes en el Tour de Francia.
- 600 controles en el Tour de Francia -
En la carrera francesa, la más importante del mundo, 600 muestras de sangre y orina fueron recogidas en 2024 y otras 400 se obtuvieron fuera de competición durante el mes precedente a la prueba.
Tras cada etapa el vencedor del día y el líder deben pasar un control por parte de la ITA (International Testing Agency). Desde 2021 la UCI, cuyo presupuesto para la lucha contra el dopaje asciende a 10 millones de euros (10,4 millones de dólares), delega las actividades operacionales a esta agencia independiente que alcanzó las 15.200 muestras analizadas en 2023.
Por primera vez en la última edición del Tour, un modulo endocrino capaz de detectar la utilización de la hormona del crecimiento humano fue incluido en el dispositivo.
En la edición de 2024 de la 'Grande Boucle' no hubo ningún positivo. Una selección de muestras se conservará para un eventual reanálisis en diez años, cuando los progresos tecnológicos ofrezcan otra perspectiva.
En lo que concierne al fraude tecnológico, más de 8.000 bicicletas fueron controladas en 2024, según la UCI, sin detectar ningún caso de trampa.
La UCI puso además en marcha un "programa de recompensas" que consiste en pagar a los informadores que faciliten pistas sobre eventuales casos de fraude tecnológico.
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